A pesar de la gran trascendencia de las reformas constitucionales en materia penal (promulgada en 2008), de amparo y de derechos humanos (éstas últimas en 2011), dichas modificaciones legales no son suficientemente conocidas ni utilizadas por la mayoría de los jueces del país, lo que implica el riesgo de que se queden únicamente en la teoría e incluso sean echadas abajo.

Tal es una de las principales conclusiones del informe Del papel a la práctica: la aplicación de las reformas constitucionales en el sistema de justicia 2011-2016, elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Imdhd) y la Universidad Iberoamericana (Uia), campus Ciudad de México.

Durante la presentación del estudio, las organizaciones participantes indicaron que este análisis se trata de una especie de corte de caja para evaluar qué tanto se han llevado a la práctica las mencionadas reformas, las cuales aún no son tan conocidas por las y los juzgadores, ni tampoco por la sociedad en general.

En materia de acceso a las sentencias, por ejemplo, el informe indica que muchas de ellas siguen sin estar disponibles en los sitios web de los organismos de justicia, ni tampoco son facilitadas a quienes las piden mediante solicitudes de transparencia.

Con respecto al tema del control de convencionalidad, los autores indicaron que una gran cantidad de jueces citan diversos convenios internacionales de derechos humanos para sustentar sus fallos, pero lo hacen inadecuadamente o sin argumentar por qué los utilizaron.