sta semana se inició la visita al país del congresista Sander Martin Levin, miembro de la Cámara de Representantes estadunidense, así como de varios colaboradores, con el propósito de revisar y discutir con el gobierno mexicano la falta de respeto a los derechos laborales y humanos en nuestro territorio, demandar el cumplimiento de la libertad de asociación, investigar la política de salarios y los sistemas de contratación colectiva, así como poner bases justas para que se modifique o se cancele el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado hace 23 años por los tres países miembros: Canadá, Estados Unidos y México.
Todas las violaciones al estado de derecho, a la aplicación correcta de la justicia y la corrupción sin castigo, que genera impunidad, hacen crisis dentro del país y en la imagen de México en el exterior. No es casual que el propio Trump acuse a los mexicanos de robarles sus empleos, y trate de evitar que las compañías estadunidenses se trasladen a nuestro territorio y, por lo tanto, exige que salarios, derechos y prestaciones se fortalezcan enormemente al sur de su frontera.
Nada menos que un gobierno de derecha y contrario a los intereses de la clase trabajadora presione para que el gobierno de Enrique Peña Nieto cambie de política y de estrategia, si quieren que México continúe dentro del TLCAN. ¡Quién lo iba decir! Que los estadunidenses, buscando proteger sus intereses, terminen demandando que haya una mayor justicia para los trabajadores y empleados mexicanos, especialmente un incremento significativo en sus ingresos y prestaciones, así como en las condiciones laborales de seguridad, salud, libertad y protección al medio ambiente.
En diversos artículos y escritos he señalado reiteradamente que México tiene que cambiar de estrategia y de política, porque la que aplica actualmente el gobierno conduce al fracaso económico y social. Si no hay mayores recursos y una justa redistribución del ingreso, el poder adquisitivo se deteriora, la demanda, por consecuencia, también, y el consumo se reduce a un nivel que deja de ser atractivo para la inversión, particularmente en el mercado interno. Depender de las exportaciones siempre es un riesgo sujeto a los vaivenes de las condiciones externas, independientemente de que las injusticias se acrecientan día a día y los empleos que se crean son de explotación y muchas veces inhumanos.
Lo hemos señalado, los salarios mexicanos, que tanto satisfacen a los empresarios y a los funcionarios de las secretarías de Trabajo y de Economía, son miserables, de los más bajos en el mundo, lo que genera cada vez mayor pobreza y desigualdad. Adicionalmente, las autoridades del gobierno fingen demencia para no reconocer los contratos de protección patronal
que utilizan las empresas en complicidad con las organizaciones sindicales oficiales, como un método que pervierte y degenera las relaciones laborales. Además de que a esos mismos políticos les encanta presumir que, a pesar de esta situación denigrante, la cual les debería dar vergüenza, en México no existen ni se estallan huelgas, una total y falaz mentira que muy fácilmente se puede desmentir. ¿A quién engañan? ¿A quién quieren dar gusto y atraer con esas falsas declaraciones?
A manera de ejemplo, los grupos México de Germán Feliciano Larrea, Peñoles de Alberto Bailleres y Acerero del Norte de Alonso Ancira Elizondo pagan en promedio salarios a los mineros controlados, sometidos y amenazados por esas compañías, que fluctúan, en su equivalente en moneda extranjera, a entre cinco y 10 dólares por día, mientras en Estados Unidos y Canadá varían entre 35 y 45 dólares por hora. Es más, la semana pasada una de las minas de cobre más grandes de la provincia de Columbia Británica, Canadá, aceptó durante su revisión del contrato colectivo con los miembros de los United Steelworkers del Distrito tres, incrementar el pago de los salarios a casi 53 dólares la hora (52.59). La diferencia es brutal porque la maquinaria y equipo utilizados en nuestros países para extraer y transformar los metales es similar, es universal y los procesos también, pues son betas de cobre a tajo abierto como las de Cananea o Nacozari, en Sonora, de Grupo México, pero en estos últimos casos las remuneraciones son increíblemente bajas, son inmorales, mientras que el precio de los metales producidos en cualquier país es común, ya que se cotizan en los mercados internacionales.
En esas condiciones, se entiende por qué muchos extranjeros desean mover sus inversiones a México, dado que aquí cuentan con tantos privilegios, como salarios de miseria, apoyos y facilidades indiscriminadas, hasta los gobiernos estatales compiten entre ellos por atraerlos, aun al costo social más alto y peligroso para el futuro de la paz social. Además, casi todas las empresas están exentas del pago de impuestos. Es decir, viven en un paraíso que les genera cada vez más concesiones y derechos sobre el territorio nacional y tratan con un gobierno de funcionarios protectores, complacientes o simplemente cómplices.
De ahí que cuando algunos como esos tres empresarios mencionados han amenazado con irse del país si les aplican nuevos impuestos, esa postura puede verse como un simple chantaje sin sustento, pues es casi imposible que en otra parte vayan a encontrar tantos privilegios que les han permitido convertirse en los años recientes en unos de los más ricos del país. Y a México y a los mexicanos nos queda la contaminación, la destrucción y la miseria humana.
La administración Trump presiona fuerte para aplicar mejores niveles laborales, ya que el TLCAN original consideró un acuerdo paralelo para proteger los derechos de los trabajadores, el cual nunca se incluyó o respetó formalmente dentro del tratado comercial. Además, se requiere una reforma laboral progresista que genere cambios de fondo, no de maquillaje, que verdaderamente proteja las garantías fundamentales de los trabajadores, pero también la democracia y la libertad sindical. No vaya a ser que en forma contradictoria e irónica Trump resulte a la larga el protector de los intereses de los trabajadores mexicanos.
