Aunque la Cruzada nacional contra el hambre, en marcha desde enero de 2013, ha ayudado a disminuir las carencias sociales de la población en zonas rurales, la política social en conjunto debe encontrar mecanismos para reducir la pobreza que afecta a 55 millones de personas, señala el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

En el Balance de la Cruzada 2013-2016 apunta que dicho plan, coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social, ha reportado avances, como definir el concepto de hambre que utilizaría en la estrategia, el cual no estaba planteado al inicio, así como evitar duplicidades entre programas, pero también se requiere que el presupuesto de esas acciones sea en función de los avances que reportan.

Refiere que hambre es aquella situación que enfrenta una persona en pobreza extrema y carencia alimentaria, y la población atendida, que se encuentra en esa condición, suma 7.1 millones de personas. Apunta que en la combinación de la focalización con la coordinación entre las dependencias, se ha logrado reducir carencias sociales.

Considera que la Cruzada tendría un mejor desempeño si lograra una institucionalización eficaz de los procesos de coordinación, si se ajustara el funcionamiento de las estructuras y se redujera el número de programas asociados a cada carencia, ya que hay muchos programas sociales federales, varios de ellos sin coherencia.

Destaca que se ha logrado evitar duplicidades entre programas, lo cual no es menor, pero para lograr el objetivo último de la Cruzada, disminuir la pobreza extrema de alimentación en el país, se requiere también que el presupuesto se asigne a cada programa en función de los avances que un año previo obtuvo.

Aún falta por hacer

Refiere que aunque hay avances, la Cruzada no ha logrado extender los procesos necesarios para que cada programa planee en función de la aportación que puede tener para abatir cierta carencia.

Para la segunda mitad del sexenio no sólo se tendrán que mejorar los elementos de la Cruzada, sino que esta estrategia se tendría que enmarcar en otra más amplia de reducción de pobreza, inclusión y acceso efectivo a los derechos humanos, dijo.

Recordó que en 2016 se puso en marcha la Estrategia de Inclusión Social, con la cual se podrían detectar los elementos de política pública que hacen falta, incluyendo los que tiene que ver con el incremento del ingreso real de las familias.