Washington.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, perteneciente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), condenó el asesinato del periodista Luciano Rivera, director de la revista Dictamen y reportero de CNR TV Noticias, en Baja California, e instó al Estado a investigar el crimen con la debida diligencia y esclarecer su posible relación con la actividad periodística.

De acuerdo con la información disponible, el periodista Rivera fue asesinado la madrugada del primero de agosto en el municipio de Playas de Rosarito. Cinco individuos habrían entrado en el bar donde se encontraba el comunicador y uno de ellos le disparó.

Según información suministrada por el Estado, ese mismo día la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle) giró oficio al agente del Ministerio Público de Playas de Rosarito con el fin de solicitar copias cotejadas de la carpeta de investigación e inició una indagatoria.

Las autoridades locales informaron que uno de los presuntos involucrados fue detenido. Según información disponible, el arma utilizada en el crimen está relacionada con al menos tres asesinatos más. El primero de agosto la subprocuradora de Baja California, Patricia Ortega, habría declarado a la prensa local que no hay indicios de que el asesinato de Rivera tenga relación con su labor periodística.

Según la información disponible, los autores materiales del crimen huyeron utilizando el mismo taxi en que habían llegado al bar. En su trabajo periodístico Rivera había estado publicando denuncias contra la policía local, investigaciones relacionadas con hechos de violencia y el crimen organizado y casos que tienen que ver con la seguridad pública de Playas de Rosarito.

En ese contexto, la Relatoría Especial llamó al Estado mexicano a investigar de forma completa, efectiva e imparcial este crimen, esclarecer sus móviles y determinar judicialmente la relación que pudiera tener con la actividad periodística y la libertad de expresión. Las autoridades, consideró, no deben descartar al ejercicio del periodismo como móvil del asesinato y/o agresión, antes de que se complete la indagatoria.

La Relatoría recordó al Estado que sobre la impunidad de los crímenes relacionados con la libertad de expresión es fundamental agotar la línea de investigación relativa al ejercicio de la profesión en casos de delitos cometidos contra periodistas, así como proveer con recursos adecuados y personal especializado a las instituciones encargadas de las indagatorias de este tipo de asuntos.

Tanto la CIDH como la Corte Interamericana de Derechos Humanos se han referido al efecto amedrentador que tienen los crímenes contra periodistas para los profesionales de la comunicación, así como para los y las ciudadanas que pretenden denunciar abusos de poder o actos ilícitos de cualquier naturaleza.

Este efecto amedrentador sólo podrá evitarse, según afirma la Comisión Interamericana, ‘‘mediante la acción decisiva del Estado para castigar a quienes resulten responsables, como corresponde a su obligación bajo el derecho internacional e interno’’.

El numeral 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: ‘‘(el) asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión.

‘‘Es deber de los estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.’’

La Relatoría es una instancia creada por la CIDH a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión.