La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha detectado nueve condiciones para que el delito de desaparición forzada siga presentándose en el país.

Éstas son: ausencia de una ley general en la materia; falta de investigaciones ministeriales homogéneas para la búsqueda y localización de personas desaparecidas; inconsistencias en la definición jurídica de los diversos tipos de desaparición y escasez de equipos profesionales en búsqueda y localización de personas.

También la ausencia de un adecuado registro de casos que distinga la desaparición forzada de la cometida por particulares o delincuencia organizada y personas cuyo paradero se desconoce por causas distintas, y la utilización indistinta de conceptos para referirse a gente cuyo paradero se desconoce.

La ausencia de coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales para prevenir, perseguir y sancionar la desaparición de personas; la escasa capacitación de servidores públicos con base en estándares internacionales y la violencia, inseguridad e impunidad en diversas regiones del país.