El Instituto Nacional Electoral (INE) deberá tomar en cuenta, a la hora de definir si son constitucionales o no los estatutos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que un candado antichapulines, similar al aprobado por el tricolor, se invalidó hace 10 años en Baja California, expresó el consejero Benito Nacif.

La nueva regla aprobada por los priístas consiste en que un militante puede ocupar un cargo plurinominal en una elección y en la inmediata posterior estaría obligado a competir por el principio de mayoría relativa.

En 2007 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó restituir la candidatura al priísta Jorge Hank Rhon al gobierno de Baja California invalidando una cláusula de lo que se conoció como ley antichapulín.

En aquel momento, el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial de Baja California primero revocó el veredicto del instituto electoral local, pues consideró que la candidatura de Hank Rhon (entonces presidente municipal de Tijuana con licencia) violaba el artículo 42 de la Constitución de dicha entidad.

Esa cláusula prohibía a representantes populares aspirar a un nuevo cargo de este tipo sin haber concluido su mandato.

Nacif refirió que la sala superior inaplicó esa parte de la Constitución local argumentando que iba en contra de una convención internacional en relación con los requisitos de elegibilidad de un ciudadano.

No sé qué vamos a hacer nosotros. Al final de cuentas son 11 votos, pero estoy seguro de que será un precedente que deberemos de tomar en cuenta, indicó.

Refirió que en este proceso, el INE se convierte en una especie de Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque hace una revisión constitucional somera de los documentos básicos partidistas.

En tanto, el consejero Marco Antonio Baños, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, planteó que prefiere conocer la redacción final para pronunciarse al respecto.

No puedo decir cómo están redactados los estatutos del PRI. Cuando ellos entreguen esa parte revisamos y determinamos si es procedente o no.

Calculó que en un plazo máximo de 20 días, una vez que el tricolor entregue sus documentos, el instituto podría tener una resolución.

Cabe mencionar que el partido político tiene 10 días hábiles siguientes a la fecha de su asamblea para presentar los nuevos documentos al INE, que contará con el mismo número de días para determinar si la asamblea cumplió diversos requisitos e incluso más tiempo para hacer requerimientos informativos.

Al final la Comisión de Prerrogativas someterá a votación del Consejo General el proyecto de resolución sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones hechas.