as políticas seguidas por el Estado de la Revolución Mexicana habían privilegiado el carácter corporativista como rasgo central desde su fundación.
La crisis del modelo de sustitución de importaciones y la nueva hegemonía del credo globalizador comenzaron a transformar la naturaleza del Estado mexicano, que se ve enfrentado a tres tensiones: el tránsito a una democracia electoral, la crisis del paradigma del Estado intervencionista –en su versión comunista o socialdemócrata– y la emergencia del neoliberalismo. La consecuencia fue el cambio de énfasis en las políticas orientadas a la comunidad o las organizaciones gremiales a políticas que privilegiaban al individuo.
Decadencia administrada. La larga transición política debilitó los tres ejes de la gobernabilidad autoritaria: el presidencialismo, las reglas formales e informales que alimentaban el uso arbitrario y discrecional del poder y el partido hegemónico. Lo que prevalece desde fines de los 90 hasta la fecha es una especie de dejar que los temas y acontecimientos candentes se vayan pudriendo hasta que no quede más remedio que inventar alguna forma de intervención de un estado debilitado, crecientemente maltrecho y atrapado en la jibarización y la colonización de franjas del quehacer estatal por poderes fácticos. La decadencia no es algo administrado conscientemente por nadie, es el resultado de una correlación de fuerzas que inmoviliza a todos.
Las políticas al campo. Quisiera ilustrar la fragmentación de las políticas con las políticas al campo. La teoría del cambio que prevaleció en México respecto del medio rural y su papel en el desarrollo general del país (desde 1940-1970) fue plenamente coherente con las políticas de fomento productivo puestas en práctica en el medio rural. Orientar al sector ejidal para proveer alimentos y mano de obra barata y al sector privado posreforma agraria hacia commodities y productos de exportación y agroindustirales, gracias a los generosos subsidios directos y en bienes (no tan) públicos como investigación y desarrollo, infraestructura hidraúlica y carretera.
Administrar pobreza y administrar riqueza. Por ausencia se podría decir que las políticas de protección social tenían un carácter reactivo, y sólo a partir de los 70 hubo una política social activa, con el término genérico de combate a la marginación social. A partir de los 90 y hasta la fecha, con la misma teoría del cambio se establece con mayor claridad la disociación de las políticas de protección social y de fomento productivo: la primera, con el propósito de administrar los programas antipobreza y, la segunda, buscando impulsar el desarrollo empresarial de algunas regiones y productos guiados por las demandas del mercado. De lo anterior se concluye que el principal obstáculo para avanzar de manera sostenida en la perspectiva de impulsar un desarrollo rural incluyente y sostenible radica en inercias tanto en lo que respecta a las instituciones como a sus actores principales. Como en tantas cosas se podría aquí también hablar de una cultura burocrática.
Las inercias y los intereses. Pero las inercias no son defectos en el diseño o en la puesta en marcha de políticas. Son ampliamente funcionales a los intereses que colonizaron cada una de las franjas del Estado, como por ejemplo en el Congreso federal y los estatales, o en el sistema de impartición de justicia. Lo mismo que se plantea sobre las políticas del campo, se podría decir de la política económica o de la (ausencia) de política industrial. Y sobre todo de la política de seguridad pública.
Desde luego que un tema a explorar es la correlación y causalidad entre la fragmentación electoral, social, institucional y de política. Mas importante aún es desentrañar la narrativa de la fragmentación, que es el cemento que mantiene unido este complejo de fragmentaciones que dañan al Estado, al país y a sus ciudadanos.
Twitter: gusto47
