n la comunidad indígena de Unión Hidalgo, Oaxaca, ubicada a siete horas de la capital de ese estado, habitan personas de todas las edades que cada día dedican una parte importante de su tiempo, recursos, energías, proyectos y trabajo a defender su tierra, su territorio y sus bienes naturales. Frente a la industria eólica en México, que desde hace más de una década crece, sin que el Estado mexicano haga verdaderos esfuerzos por garantizar el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre su propio desarrollo, esta defensa parece inagotable.

Una prueba de ello es que el pasado 29 de junio la Comisión Reguladora de Energía (CRE), órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía, otorgó un permiso anticipado a la trasnacional francesa Electricité de France (EDF) para la generación de energía eólica por conducto del parque eólico Gunaa Sicarú, que se ubicará dentro del territorio de Unión Hidalgo. Sin embargo esta comunidad zapoteca, principal afectada por cualquier cambio que traiga este proyecto, no ha sido informada formalmente ni consultada hasta ahora para obtener su consentimiento sobre la construcción de dicho parque. No fue sino mediante solicitudes de acceso a la información como se enteró que la empresa solicitó ese permiso el 27 de abril pasado, el cual se autorizó el 29 de junio siguiente. Al otorgar este permiso, las autoridades federales pasaron por alto que desde 2004 la comunidad de Unión Hidalgo, acompañada por el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales AC (ProDESC), inició una defensa legal y pacífica, aún vigente, en tribunales agrarios, y que conformó el Comité de Resistencia por la creación del parque eólico de la empresa Desarrollos Eólicos de México (Demex), con el fin de recuperar su tierra comunal. Misma que por medio de engaños y hostigamientos fue adquirida por la empresa como propiedad privada, con una vigencia de más de 30 años.

Para otras comunidades, cuyas vidas están siendo transformadas por la llegada de megaproyectos, ha sido emblemática la batalla que ha dado la comunidad frente a Demex, aunque para los poderes ejecutivos del gobierno del estado no ha significado nada. Desde los primeros meses de 2017, Alejandro Murat Hinojosa, gobernador de Oaxaca, y Wilson Sánchez Chevez, presidente municipal de Unión Hidalgo, hicieron pública, apenas dos meses después de la segunda subasta energética, la realización de distintas reuniones con representantes de las empresas generadoras de energía eólica, entre ellas EDF. Anunciaron además la conformación de un Consejo Estatal de Energía, en el que participan empresarios y funcionarios locales, así como la aprobación de un acuerdo en materia fiscal, protección civil, registral y social para garantizar las condiciones de certidumbre necesarias a las empresas, y la instalación del Comité Técnico de la Consulta Indígena, que hasta la fecha no ha sido notificada a la comunidad.

El otorgamiento por parte de la CRE de este permiso para la generación de energía eólica representa la implementación de las reformas legislativas que desde 2013 el gobierno federal impulsó en materia energética, a pesar del rechazo de la sociedad civil y de las comunidades. Destaca también que estas reformas y su implementación se desprenden del Plan Nacional de Desarrollo. Todo lo cual demuestra que el otorgamiento de permisos sin consulta es un acto que concretiza una visión de Estado, cuyo centro está en favorecer los intereses de los grupos empresariales, por encima de los derechos de las comunidades. Mientras tanto la comunidad de Unión Hidalgo persiste en la defensa de sus derechos, lo que significa tratar todos los días de recuperar la parcela comunal que heredaron y que les fue arrebatada con engaños por una empresa trasnacional; en aprender el lenguaje jurídico y técnico de los documentos gubernamentales, que no están traducidos al zapoteco; en prolongar la reproducción de la vida, la lengua y los símbolos de su pueblo, en una comunidad mayormente migrada; en revivir en medio de cientos de aerogeneradores su flora y fauna original, cuyos aceites y raíz de metal dañan la fertilidad de la tierra, y en reconstruir, en un pueblo que está siendo orillado a dividirse y a desconfiar entre sí, sus estructuras indígenas y agrarias, mediante los consejos de ancianos y las asambleas comunitarias.

Ahora, con la posible llegada de nuevas empresas trasnacionales de energía eólica, la comunidad se ha visto obligada a invertir más esfuerzos para interponer al menos tres amparos en lo que va de este 2017, con el propósito de exigir a las autoridades que se consulte a la comunidad, antes incluso de cualquier acto administrativo, y durante cada una de las fases que impliquen la implementación de proyectos, de conformidad con los más altos estándares internacionales de derechos humanos. La comunidad exigió también por este medio que el Estado mexicano le informe sobre posibles permisos que haya otorgado a EDF, y que mientras no hayan sido debidamente consultados ni consentidos por los pueblos, los dejen sin efecto. Esto demuestra que, en esta contradicción, la defensa de la tierra y el territorio significa tener que reinventar cada día, en el contexto de la implementación de un proyecto de nación –cuya finalidad es abrir con toda concesión la puerta a las empresas extranjeras, sin priorizar los derechos humanos de las comunidades indígenas y agrarias, y cuya vida está siendo directamente afectada–, proyectos comunitarios de resistencia y de defensa de derechos. El Estado mexicano está obligado a garantizar a la comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo certeza jurídica y respeto a sus derechos humanos, así como la garantía de sus derechos como pueblos indígenas.