La Arquidiócesis de México informó que el pasado 26 de julio, cuando el cardenal Norberto Rivera Carrera compareció ante el Ministerio Público (MP) por la denuncia interpuesta en su contra por presunto encubrimiento de 15 sacerdotes pederastas, presentó documentos que avalan que la demarcación religiosa informó a las autoridades civiles sobre seis casos de supuestos curas pederastas. Cuatro de estas denuncias se concretaron este año.

Con base en lo anterior, la Arquidiócesis aseguró que el cardenal demostró ante el MP la farsa orquestada por los ex sacerdotes Alberto Athié y José Barba, los querellantes.

La demanda de los ex clérigos se basa en una declaración hecha por el jerarca en diciembre de 2016, cuando mencionó los 15 casos de curas infractores.

Según consta en los documentos presentados ante la agente del MP Susan García García, “la primera denuncia fue interpuesta ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) por Jorge Estrada Solórzano, obispo auxiliar de la quinta Vicaría Episcopal, el 12 de abril de 2014; la segunda, por Adolfo Miguel Castaño Fonseca, obispo auxiliar de la tercera Vicaría, el 14 de noviembre de 2016; la tercera fue interpuesta ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de México por Diana Alejandra Pérez Rodríguez, en calidad de apoderada legal de la Arquidiócesis, el 15 de febrero de 2017.

La cuarta, ante la PGJDF por Alberto Antonio Zapata Verástegui, en calidad de apoderado legal de la Arquidiócesis, el 27 de febrero de 2017, y la quinta y la sexta también ante la PGJDF, por Crispín Ojeda, obispo auxiliar de la sexta Vicaría, el 25 de mayo y el 16 de junio de 2017, respectivamente.

Puesto que la denuncia en su contra habla de 15 casos, el cardenal aclaró al MP que el resto de los religiosos fueron sancionados por otras infracciones, excepto uno, pero ésta habría ocurrido antes de la reforma legal de 2010 que obliga a los ministros a denunciar ante las autoridades civiles estos ilícitos.

Sobre este último punto, el arzobispo primado de México, expuso a la agente que a partir de la entrada en vigor del artículo 12 bis de la Ley de Asociaciones Religiosas, el 19 de agosto de 2010 –que obliga a los ministros de culto y a sus representantes a informar a la autoridad correspondiente sobre la probable comisión de delitos–, tuvo conocimiento de la probable comisión de seis hechos presuntamente delictuosos”.

Esto fue por información de algunos de sus vicarios episcopales, a quienes instruyó dar parte ante las autoridades correspondientes de manera inmediata, lo cual se llevó a cabo, como consta en las copias que exhibió, y con lo cual quedó demostrado que no incurrió en el delito de encubrimiento.

La demarcación religiosa indicó que el arzobispo reconoció como suya la referida declaración, la cual fue publicada en una nota periodística. Sin embargo, aclaró que por tratarse de una entrevista improvisada, le faltó precisar que no todos los casos mencionados tenían que ver con el delito de pederastia, como malintencionadamente señalaron los ex sacerdotes Alberto Athié y José Barba.

Athié señaló el martes pasado a La Jornada que la PGR entregará hoy una copia de la declaración del cardenal a los demandantes, quienes desean conocer los 15 expedientes abiertos contra los presuntos curas pederastas. Además queremos conocer a las víctimas que denunciaron y, si es posible, encontrarnos con ellas.

También queremos conocer de qué se les acusó y cómo se integraron las investigaciones; qué hizo el cardenal con su equipo judicial del tribunal eclesiástico; queremos saber cómo y de qué elementos se les encontró responsables de actos de pederastia; cómo se enviaron esos informes a la Congregación de la Doctrina de la Fe; conocer si la nunciatura tiene copias de esos expedientes, y queremos ver los sellos y firmas del cardenal y la Arquidiócesis en esos expedientes.