Funcionarios de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República (PGR) reconocieron que es imprescindible acabar con la impunidad que priva en el asesinato de periodistas, así como lograr una mayor coordinación entre autoridades federales y estatales para frenar las agresiones contra integrantes de los medios de comunicación.

Durante la segunda conferencia anual Violencia y paz: diagnósticos y propuestas para México, Ana Cristina Ruelas, representante de Artículo 19, resaltó que no hay detenido un solo autor intelectual de las muertes y agresiones contra periodistas, mismas que se han incrementado en lo que va del año.

Expuso que de enero a junio hubo 276 casos de violencia contra comunicadores, 23 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado. Insistió en la gran impunidad que priva, ya que en general, 53 por ciento de las agresiones son cometidas por funcionarios, que no son siquiera investigados. Puso como ejemplo de ello el del ex gobernador de Quintana Roo Roberto Borge, implicado en el asesinato de un comunicador.

Al respecto, el titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, dijo que la PGR reconoce que son autoridades de todo tipo de gobierno las que agreden a los periodistas, pero la cifra es menor a la que mencionó la representante de Artículo 19.

Para la fiscalía a su cargo, 49 por ciento de los responsables son autoridades y la intención es acabar con esa impunidad. Resaltó que desde que tomó posesión del cargo, en mayo pasado, ha solicitado cinco órdenes de aprehensión contra funcionarios de todos los órdenes. Una en el ámbito federal, de alguien que se desempeñaba como policía federal.

El fiscal Sánchez Pérez del Pozo agregó que recientemente se creó un grupo con la Policía Federal, para ejecutar órdenes de aprehensión pendientes. Es necesario, precisó, encontrar un camino de coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno, porque se trata de una responsabilidad compartida.

No hay ni siquiera claridad a escala estatal en las estadísticas sobre agresiones a periodistas. Se tiene que actuar de manera conjunta, insistió, para frenar la impunidad o de lo contrario los ataques a comunicadores van a aumentar.

Por su parte, la jefa de la Unidad de Defensa de los Derechos Humanos de Gobernación, Patricia Colchero, resaltó que el Mecanismo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas no tiene alcances cuando se requiere reaccionar de manera inmediata sin el apoyo de la entidad de que se trate.