Permanece la opacidad total sobre el nuevo derrame de tóxicos en la mina La Perla, de la empresa Grupo Acerero del Norte (GAN), pues aunque tiene la misma magnitud que el provocado en Cananea, Sonora, por Grupo México, se ha mantenido oculto y no se han remediado sus efectos en la población, los trabajadores y la comunidad de Camargo, Chihuahua.

El Sindicato Nacional de Mineros señaló que a casi un mes de que se rompió el bordo de contención de la presa de jales en la mina propiedad del empresario Alonso Ancira, sigue sin repararse el daño ecológico provocado por cientos de miles de litros de residuos tóxicos.

Añadió que la empresa ha sido solapada por su sindicato de protección y por la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía, y aseguró que ni la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ni el gobierno de Chihuahua han tomado cartas en el asunto.

Es decir, las autoridades no sólo no han investigado nada hasta ahora sobre este derrame, sino que ni siquiera han informado sobre el mismo y mucho menos definido medidas de apremio o remediación por la empresa.

El caso sigue en la impunidad total, aun cuando se trató de un desbordamiento que afecta a la población, las labores agrícolas, el ganado y el medio ambiente y contraviene el ciclo ecológico, ya que se vertieron millones de litros de sulfato de cobre, polímero floculante a base de alcohol, almidón industrial, santato, y sosa caústica, entre otras sustancias.

El organismo sindical indicó que a pesar de que GAN y Grupo México cuentan con las minas más importantes de la Cuenca Carbonífera de Sabinas, no invierten en medidas preventivas y de seguridad; se saben inmunes a cualquier sanción y mucho más si las autoridades callan ante estos ilícitos graves, que afectan la salud y la calidad de vida de la población.