La creación de la fiscalía general de la República representa una gran oportunidad para superar la crisis de derechos humanos por la que atraviesa el Estado mexicano, por lo que es fundamental garantizar que la elección y facultades del fiscal general devuelvan la credibilidad y confianza de la sociedad, sostuvieron académicos, funcionarios y representantes de organizaciones sociales.

Al participar ayer en la mesa temática Modelo de Autonomía, la cual forma parte de la consulta convocada por diversas organizaciones académicas y sociales sobre el modelo de procuración de justicia, el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo, reconoció que hay ‘‘poca o nula confianza’’ en la aplicación de justicia, además de que ‘‘no hay independencia técnica por el uso político o inacción’’ de las administradoras de justicia en términos generales.

El problema, insistió, es que no hay un sistema nacional de servicio de carrera ni políticas homogéneas en este tema.

En el acto realizado en la Universidad Panamericana, Rocío Culebro Bahena, directora del Instituto Mexicano para los Derechos Humanos y Democracia, señaló que la creación de la fiscalía general tiene gran trascendencia y es una gran oportunidad para ‘‘dar un giro’’ a la impartición de justicia.