Las personas que están bajo proceso judicial o que han sido sentenciadas penalmente, pero purgan su pena en libertad, requieren contar con una identificación de validez oficial que les permita gozar de ese derecho, pues con ello se les garantiza el ejercicio de todas las demás prerrogativas y es acorde con el principio de interdependencia de los derechos humanos.

Así lo asentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en un pronunciamiento difundido ayer, en el que subrayó que el hecho de que el Estado no brinde esa posibilidad a estas personas es incompatible con los principios de dignidad humana y de reinserción social, reconocidos en la propia Constitución del país.

En el documento, de 55 puntos argumentativos, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, indicó que contar con ese documento –que en las mejores circunstancia sí debe estar desvinculado de los procesos político-electorales– permitirá a estos individuos gozar de igualdad de circunstancias con cualquier otra persona, para que puedan llevar una vida de inclusión social y sin factores de discriminación.

En el pronunciamiento sobre el derecho de las personas procesadas y sentenciadas penalmente que se encuentran en libertad a contar con una identificación con validez oficial, el presidente de la CNDH remarcó que no garantizar ese derecho contemplado en la Constitución y en la normativa internacional impide a las personas ser reconocidas jurídicamente y limita su reinserción en la vida laboral, educativa, política y social.

De acuerdo con la más reciente estadística del sistema penitenciario, a mayo de 2017 hay 210 mil 810 personas privadas de la libertad, de las cuales 79 mil 870 (37.88 por ciento) se encuentran sujetas a proceso penal y, de acuerdo con la norma constitucional, gozan de la presunción de inocencia.

Para garantizar los derechos de esas personas, González Pérez destacó la necesidad de implementar un documento gratuito de identificación oficial, desvinculado de procesos político-electorales o de cualquier otra índole, que garantice el acceso a las mismas oportunidades para cualquier persona y evite su exclusión social.