El Partido Revolucionario Institucional (PRI) llega a su 22 asamblea nacional después de haber agotado todas las ofertas que realizó en su programa de acción para materializar las promesas de campaña en 2012.

Ya sin proyecto legislativo que acompañe el último año del actual sexenio, el tricolor tiene, además, el reto de encontrar un acuerdo interno que le permita definir, sin sobresaltos, a su candidato para 2018.

Si bien hay algunos grupos que intentan presionar para que el método de selección sea la consulta a la base, dirigentes consultados señalan que difícilmente habrá quien le dispute al presidente Enrique Peña Nieto la decisión de quién será el aspirante.

El contexto de la asamblea también incluye la carga con el desprestigio de sus ex gobernadores, señalados de corrupción y desvío de recursos, y ya se anuncia que uno de los principales resultados será un esquema de rendición de cuentas más severo para los militantes.

Después de recuperar la Presidencia, el PRI dejó de lado su meta, plasmada en sus documentos básicos, de ‘‘concretar la transformación que lo propulse al futuro’’.

En la 21 Asamblea Nacional, el PRI no sólo dio el primer paso para flexibilizar los requisitos exigidos a sus candidatos, al retirar el candado que obligaba a sus militantes a contar con un cargo de elección popular previo a una nominación, sino que exaltó su capacidad de recuperación, tras 12 años de gobiernos panistas.

Expuso en sus documentos:

‘‘La recuperación de la Presidencia de la República desde la oposición, merced al trabajo de la militancia y el liderazgo de su candidato (Enrique Peña Nieto), ha marcado un hito en la historia de México’’. Ahora, no obstante, los propios priístas reconocen el desgaste por el ejercicio del poder.

El Revolucionario Institucional también se propuso que ese ejercicio se hiciera a través de una ‘‘presidencia democrática’’ y pensó una práctica de gobierno y legislativa que descansara en las alianzas con otros partidos.

Si bien esto fue posible al inicio del sexenio, con el Pacto por México, y ello posibilitó las reformas ‘‘estructurales’’ –energética, educativa, fiscal y de telecomunicaciones, entre otras–, después los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática se alejaron de Los Pinos.

Esta era la perspectiva priísta en la asamblea pasada:

‘‘Garantizar que el Poder Ejecutivo Federal ejerza plenamente sus obligaciones y gobierne a través de la construcción de consensos que permitan avanzar hacia una suerte de coalición legislativa surgida de la diversidad de visiones, y la unidad de esfuerzos, para lo cual se plantea un nuevo equilibrio entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, a efecto de propiciar sanas prácticas de relación política, control constitucional, transparencia y rendición de cuentas...’’

No obstante, la separación de las otras dos minorías en el Congreso, PAN y PRD, no permitió que continuara esa ‘‘coalición legislativa’’. Ganar las votaciones en el Congreso depende hoy de sus acuerdos con PVEM, PES y Panal. Así, por ejemplo, tiene un año detenida la propuesta de una ley de seguridad interior, que le dé el marco de acción a las fuerzas armadas en las calles, y el mando único policiaco.

Mientras, en los dos años recientes, el tricolor ha enfrentado el desprestigio social por casos de corrupción de ex gobernadores como Tomás Yarrington, Javier Duarte de Ochoa, Roberto Borge, Humberto Moreira y César Duarte Jáquez.

Precisamente en la mesa de Rendición de Cuentas, a realizarse en Mazatlán, se prevé votar un filtro a militantes, antes de postularlos a cargos de elección popular. La discusión central de la asamblea se dará, sin embargo, en la mesa de Estatutos. Ahí se votará si el PRI abre la candidatura ‘‘ciudadana’’ para la elección presidencial, es decir, para un no militante. En la 21 asamblea el partido autorizó esa figura para los candidatos a gobernador.

Si bien en los estatutos ya se incluye la consulta a la base militante como método de elección, los críticos de la asamblea insistirán que, al menos en un transitorio, se determine que esa sea la fórmula para el proceso. Los priístas consideran que la convocatoria para designar al candidato se emitiría en noviembre o diciembre.

Se verá entonces qué tanto peso mantuvo en la decisión el priísta actualmente de mayor jerarquía.