Sesenta y seis por ciento del territorio del estado de Puebla ha sido concesionado por el gobierno local a compañías nacionales y extranjeras, quienes han puesto en marcha diversos megaproyectos –como minas, plantas hidroeléctricas e incluso yacimientos de hidrocarburos explotados mediante fracking– a través del despojo de los recursos naturales de las comunidades donde se asientan.

Así lo denunció la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (CNPA-MN), agrupación que advirtió sobre los altos niveles de conflictividad social generados por este esquema, incluido el encarcelamiento o asesinato de los habitantes que se oponen a las empresas.

En conferencia de prensa, integrantes de la organización campesina destacaron que las autoridades poblanas han otorgado 440 concesiones mineras, tan sólo en la región de la Sierra Norte del estado, y aunque algunas han sido canceladas, en su conjunto son casi 70 por ciento del territorio de la entidad.

Asimismo, se han extendido permisos para instalar plantas hidroeléctricas y explotar hidrocarburos mediante la técnica de la fractura hidráulica o fracking, por la cual se inyectan en el subsuelo millones de litros de agua –combinados con diversas sustancias potencialmente tóxicas– para romper las piedras que contienen el llamado gas de lutitas.

Todo ello, enfatizó la CNPA-MN, se ha impuesto por conducto de leyes que buscan acelerar la entrega de los recursos naturales, o ilegalizar las manifestaciones de descontento de los habitantes de las comunidades afectadas, lo cual generó que unas 360 personas fueran encarceladas por motivos políticos durante la administración de Rafael Moreno Valle.

El nivel de represión, añadió el colectivo, incluso ha provocado la muerte de varias personas, entre ellas el niño José Luis Tehuatlie Tamayo, fallecido durante una serie de protestas en la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan; y los activistas Frumencio Solís Cruz y Antonio Esteban Cruz, asesinados en 2012 y 2014, respectivamente.

Por todo ello la organización exigió la liberación de todos los presos políticos en Puebla; el cese de las amenazas de muerte y hostigamiento contra luchadores sociales; la realización de indagatorias eficientes en el caso de activistas asesinados, y el inicio de un proceso de diálogo para distender la situación política.