l Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) creó un micrositio en su portal de Internet con información referente al Paso Exprés de la autopista México-Cuernavaca, donde el 12 de julio dos personas perdieron la vida al abrirse un socavón a la altura del poblado de Chipitlán. En el mencionado micrositio se han difundido detalles acerca de los sobrecostos, retrasos y otras irregularidades de la obra, que originalmente debía costar a las arcas públicas mil 124 millones de pesos y entregarse en noviembre de 2016, pero que finalmente supuso la erogación de 2 mil 200 millones –casi el doble del costo original– y no se entregó oficialmente sino el 30 de junio de 2017.

De acuerdo con los documentos divulgados por el Inai, entre los factores que elevaron el precio y prolongaron el tiempo de ejecución de las obras se encuentran el retraso del ayuntamiento de Cuernavaca en otorgar la autorización para la tala de árboles, la construcción de 66 por ciento más zapatas de muro y 84 por ciento más muros de contención de lo considerado, así como la construcción de 18 mil metros lineales de drenaje pluvial.

Cabe recordar que del monto original proyectado para la obra, 93 por ciento (mil 45 millones) corresponde a un solo contrato suscrito con las empresas Construcciones Aldesem y Epccor, al cual se le autorizaron incrementos en agosto de 2016 y enero de 2017, que llevaron a la asignación total de mil 795 millones de pesos para dichas compañías.

Resulta grave que en los convenios modificatorios con que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) autoriza los nuevos montos a las empresas citadas se aduzca como causal del alza en el costo de la construcción la insistencia de los habitantes de las diversas zonas solicitando que se difundan los alcances y condiciones del proyecto. Tal situación revela, primero, que las autoridades decidieron dar luz verde a los trabajos antes de haber cumplido su deber de informar previamente, tanto a los afectados directos como a la ciudadanía en general, de los alcances, características e impacto de una obra que supuso un grave caos vial, la pérdida de cientos de árboles e incluso la demolición de viviendas. Por otra parte, el hecho de que el Paso Exprés haya colapsado a menos de dos semanas de ser formalmente concluido muestra que los vecinos tenían razón al insistir en su derecho a la información y que sus reclamos fueron manejados con una desatención que ya tuvo consecuencias fatales.

Por último, debe remarcarse la contradicción entre la fecha de entrega de la obra, estipulada en el último convenio modificatorio, y la inauguración de la misma por el presidente Enrique Peña Nieto el 5 de abril, un adelanto de casi tres meses que de manera inevitable genera suspicacias acerca de la motivación política de la presurosa apertura del tramo carretero y que debe servir como recordatorio de que en proyectos de esta magnitud deben imponerse sin excepción los criterios técnicos.

Cabe esperar que el conocimiento público de los documentos suscritos entre la autoridad y las empresas ejecutoras de la obra lleve a un auténtico deslinde de responsabilidades, frene la posibilidad de que las irregularidades detectadas se sumen al historial de la impunidad y constituya un llamado de atención para el manejo de los proyectos de infraestructura que tengan lugar en el futuro.