Mexicali, BC.

El incremento de la violencia en la entidad es atribuible a la falta de coordinación entre las corporaciones policiacas y la procuración de justicia, que se traduce en falta de contundencia en las calles, afirmó el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de esta entidad (CCSP).

En el estado ha habido un aumento de índices delictivos, sobre todo en homicidios dolosos (mil 74), los cuales superaron en seis meses los cometidos en años anteriores, por lo que la entidad ha vivido los días más violentos de su historia.

El presidente del CCSP, Juan Manuel Hernández Niebla, advirtió que existe una división en las estructuras policiacas, situación que incide en la ejecución de acciones, investigación y operación de las policías municipales y estatales en la lucha para combatir la delincuencia y la violencia.

Arriba se está dando la coordinación, pero creo que ese trabajo no está llegando a los mandos operativos, incluso percibimos algún tipo de división, pues en lugar de echarse la mano se están bloqueando las estructuras operativas, señaló.

Indicó además que han detectado las diferencias en reuniones del Grupo de Coordinación de Baja California y en pláticas con personal de las direcciones municipales de Seguridad Pública, la Secretaría de Seguridad del estado (SSPE) y la Procuraduría de Justicia.

El empresario tijuanense dijo desconocer si existe una pugna personal entre el titular de la SSPE, Daniel de la Rosa Anaya, y el subprocurador de Investigaciones Especiales de la procuraduría estatal, José María González, como ha trascendido en las corporaciones.

Sí, hay coordinación pero no está permeando como debería porque no se ponen de acuerdo en las calles, insistió

Hernández Niebla sostuvo también que a pesar que el nuevo sistema de justicia penal apenas se instauró durante el primer semestre del 2015, a excepción de Mexicali, en el que comenzó a operar en agosto de 2010, no se le puede culpar del alza de delitos, toda vez que ya hubo un proceso de capacitación, aprendizaje y corrección de errores.

Los gobiernos municipales no se pusieron las pilas para hacer la capacitación y análisis correspondientes, por eso ahorita no se vale echar la culpa, manifestó.

Mencionó que además de atacar de frente el problema de adicción a las drogas que padece la entidad, se requieren varias acciones coordinadas como la necesidad de que la SSPE trabaje en medidas cautelares y la procuraduría capacite a los agentes del Ministerio Público para que se puedan sustentar las pruebas que presenten ante el juez.

Se pronunció por la necesidad de buscar que la Federación simplifique el informe policial homologado y los legisladores federales incluyan el acopio de armas, violencia intrafamiliar y robo de vehículos en el catálogo de delitos que merezcan prisión preventiva.