Hermosillo, Son.

El consorcio minero Grupo México, propiedad de Germán Larrea Mota Velasco, reportó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que sus utilidades aumentaron más de 60 por ciento en el segundo trimestre de 2017 en comparación con el periodo enero-marzo, y ascendieron a 557 millones de dólares.

Sin embargo, tres años después del derrame de tóxicos en el río Sonora, considerado el mayor desastre ambiental en la historia de la industria mexicana, la empresa se niega a asumir su responsabilidad de remediar los daños, lo que tendría un costo de 2 mil millones de pesos.

En agosto de 2014, tras el derrame de 40 mil litros de sulfato de cobre acidulado, la minera se comprometió a reparar los daños ambientales en el río Sonora, instalar plantas potabilizadoras y financiar atención médica a los habitantes de los siete municipios de la ribera.

Para ello se creó un fideicomiso con 2 mil millones de pesos; sin embargo, la empresa no ha entregado la totalidad de estos recursos, informó la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en su portal.

Además, este monto fue restado a las utilidades de los trabajadores mineros, quienes denunciaron que se les hizo cubrir gastos que correspondían a la empresa.

Wenceslao Cota Montoya, delegado de la Secretaría de Gobernación, declaró que tanto directivos de la mina como funcionarios federales han gastado más de 50 por ciento de los recursos del fideicomiso sin cumplir con todas las medidas de remediación ambiental y atención a la salud de los damnificados. En su reporte más reciente declararon que faltan alrededor de 700 millones de pesos por pagar.

El funcionario federal detalló que en su reporte de abril la empresa informó que las aguas del río Sonora se encuentran libres de contaminantes, por lo que modificó sus compromisos de resarcimiento de daños, acordó con funcionarios reducir el número de plantas potabilizadoras de 36 a nueve (una fija en cada municipio afectado y dos móviles).

De estas plantas sólo se ha instalado una en el pozo del municipio de Bacanuchi, la cual funciona sólo cuatro horas diarias con recursos de los ciudadanos, debido a que Grupo México rehúsa cubrir los gastos de operación.

Los afectados, agrupados en los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS), demandan al consorcio minero atención médica para 381 habitantes que han presentado elementos tóxicos en sangre y orina. Más de un tercio son menores de edad, adultos mayores y mujeres.

La Organización de las Naciones Unidas ha emitido al gobierno federal tres exhortos para que la empresa deje de violar los derechos humanos de los habitantes de Sonora e incluso señaló que las autoridades mexicanas están más interesadas en atraer inversiones que en remediar daños y hacer cumplir la ley.