Por contravenir varias disposiciones constitucionales y de la Ley General de Protección de Datos, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) interpondrá sendas acciones de inconstitucionalidad en contra de las legislaciones estatales en la materia aprobadas por los congresos de Aguascalientes y Quintana Roo. Se trata de las primeras acciones legales contra las 24 normas que hasta ahora –ya vencidos los plazos para hacerlo– se han aprobado en las entidades.

Durante la sesión del pleno del Inai, el caso de Quintana Roo fue en el que se detectaron mayores inconsistencias respecto a los preceptos legales que rigen a escala nacional y que se disponen en la ley general. Entre ellas, el comisionado Rosendoevgueni Monterrey destacó la imposibilidad de que los congresos locales legislen en materia de derechos humanos, lo cual se desprende de la ley local en esa entidad, donde se regula parcialmente en la materia.

Sin embargo, para el caso de Quintana Roo se agregan elementos, como la incorporación de los sindicatos como sujetos obligados en esta materia, lo cual contraviene las disposiciones constitucionales y de la ley general.

Según el Inai, también existe una modificación en cuanto a los plazos de resolución de los recursos interpuestos en la materia. Otro precepto que trasgrede lo aprobado a escala nacional es lo concerniente al periodo en que los sujetos obligados deberán colocar su aviso de privacidad.

En su oportunidad, el comisionado Óscar Guerra destacó que hasta ahora solamente 24 entidades cumplieron los plazos establecidos por el Congreso para la homologación de las legislaciones locales en la materia.

En cuanto a Aguascalientes, las inconsistencias de la legislación local versan sobre los plazos establecidos en la ley de la entidad, que incrementa 10 días el periodo de resolución de los recursos que los particulares interpongan cuando se inconformen por el tratamiento de sus datos personales. Es decir, en esa entidad serían hasta 50 días, cuando lo aprobado en la ley general es de 40 días.