La política migratoria interna de México se basa en las tres d: detección, detención y deportación, lo que vulnera las garantías de miles de migrantes que pasan por territorio nacional, quienes simplemente son perseguidos por carecer de documentación.

Así lo establece el reporte Personas en detención migratoria en México. Informe de la misión de monitoreo a estaciones migratorias y estancias provisionales del Instituto Nacional de Migración (INM), elaborado por el Consejo Ciudadano del organismo.

El representante en México de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, aseveró que México no puede tener credibilidad criticando la política migratoria de otros países, en especial la de Estados Unidos, mientras a nivel interno se aplica una política similar.

Al comentar el informe, destacó que si bien el gobierno mexicano mantiene un discurso favorable hacia los migrantes en el ámbito internacional, dentro del país sigue sin mostrar señales de voluntad para revaluar la propia política migratoria, la cual, afirmó, es restrictiva, de detención y deportación.

Algunos consejeros ciudadanos del INM presentaron ayer el informe, que incluye visitas a centros de detención, eufemísticamente llamados estaciones migratorias o estancias provisionales; entrevistas con migrantes retenidos y con funcionarios del instituto.

Entre los hallazgos destaca que existe una práctica sistemática de verificación y privación de libertad de personas que carecen de documentación migratoria regular, que se materializa en operativos constantes del INM y otros cuerpos de seguridad, los cuales son siempre justificados con el argumento de la seguridad.

Se agrega que en ninguno de los expedientes consultados (más de 150) existe base legal detallada para realizar los operativos.

En las detenciones y aseguramientos de migrantes indocumentados se encontraron lagunas legales en el procedimiento; en todos los expedientes revisados el fundamento legal para la aprehensión fue la mera referencia a la Ley de Migración y su reglamento, sin detallar las circunstancias concretas o criterios que llevaron a la verificación de una u otra persona.

En todos los centros visitados se pudo constatar que el proceso administrativo migratorio está orientado a la deportación o el retorno; además de que la mayoría de personas retenidas en las estaciones desconocía sus derechos y los procedimientos.