El gobierno federal adjudica el recrudecimiento de la violencia en diversas zonas del país a la ‘‘dispersión’’ de grupos delincuenciales y a la vez por el debilitamiento de cártel de Sinaloa, de Joaquín El Chapo Guzmán, a la par del avance del cártel Jalisco Nueva Generación.

Igualmente, dijo que colabora con la administración capitalina para atender el tema Tláhuac, donde elementos de la Marina abatieron a presuntos delincuentes, entre ellos Felipe de Jesús Pérez Lunas, El Ojos, identificado extraoficialmente como el líder del cártel Tláhuac-Chalco.

‘‘Ante esa dispersión hay enfrentamientos. Estamos tratando de ubicar, con inteligencia, a los que están generando violencia, a fin de no provocar una situación de mayor alcance’’, dijo Renato Sales, titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).

Del mismo tema, el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, indicó que su administración está preparada para actuar contra el crimen y rechazó la existencia de alguna intencionalidad o tinte político en el asunto Tláhuac.

‘‘Cualquier cosa que se presente en la ciudad lo vamos a atacar, cualquier peligro lo vamos a enfrentar’’, aseguró.

Al término de la presentación del plan de acción dentro del proyecto global Alianza para poner fin a la violencia contra niños, niñas y adolescentes, el comisionado Sales relacionó de nueva cuenta el aumento en el índice de homicidios dolosos con la proliferación de armas de alto poder en las calles del país, que ha llegado a niveles sin precedentes en las dos décadas recientes (en mayo hubo 2 mil 460 víctimas y en junio 2 mil 566).

Por ello, se insiste en un cambio legislativo, de preferencia al artículo 19 constitucional, para cerrar el paso a quienes porten ilegalmente armas y evitar que salgan o eviten la cárcel.

‘‘(El aumento de los homicidios y otros delitos) tiene que ver primero con la dispersión de los grupos delincuenciales, el debilitamiento del cártel de Sinaloa y esa dispersión enfrentada al cártel Jalisco Nueva Generación’’, dijo.

En cuanto a la situación en el centro del país, específicamente en sucesos como el caso Tláhuac, el funcionario federal habló de una mayor coordinación con las autoridades capitalinas y, en su caso, con las estatales.

Lo que sucede, explicó, es una relación de los delitos del fuero común (en esta clasificación, de responsabilidad de las procuradurías y fiscalías estatales) con los del orden federal.

‘‘Cuando un cártel llega a determinado municipio, en primera instancia lo que hace es vincularse con narcomenudistas o pequeños ladronzuelos, es decir, no hay fronteras. Los grupos de la delincuencia organizada actúan con sus similares locales’’, comentó.