Panamá.

El Tribunal Superior de Apelaciones de Panamá aplazó para este miércoles la decisión acerca de si concede la prisión formal y amplía los cargos por los cuales el gobierno de México solicita la extradición del ex gobernador de Quintana Roo Roberto Borge Angulo.

Entrevistado por medios de comunicación locales, el fiscal de Asuntos Internacionales de Panamá, José Candanedo, explicó lo anterior al término de la audiencia en la que sólo se analizó la petición de la fiscalía para mantener a Borge Angulo en prisión y acerca de la ampliación de delitos.

Subrayó que la cancillería de Panamá resolverá si entrega al ex gobernador a las autoridades mexicanas.

El funcionario panameño argumentó la necesidad de que Borge sea declarado formalmente preso hasta que culmine su entrega a las autoridades mexicanas.

Por su parte, la defensa del ex gobernador solicitó que le concedan el pago de una fianza o seguir en libertad el proceso de extradición.

Roberto Borge fue detenido el 4 de junio pasado en el aeropuerto de Panamá –cuando se disponía a viajar a Francia–, con base en una orden de aprehensión emitida el 31 de mayo por un juez federal por el delito de lavado de dinero.

Sin embargo, en la solicitud formal de extradición, presentada por el gobierno de México ante su homólogo de Panamá el 24 de julio pasado, se añadieron tres delitos estatales cometidos presuntamente durante el gobierno de Borge Angulo en Quintana Roo.

En tanto, el actual gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, confió en que el procedimiento pueda agilizarse lo más posible.

Subrayó que en este proceso judicial están involucradas no solamente las tres demandas penales de la Procuraduría General de la República (PGR) –derivadas de la irregular desincorporación de bienes del estado a precios muy por debajo de los del mercado–, sino también los procesos legales que ha iniciado la fiscalía de Quintana Roo.

Señaló que por la malversación de recursos estatales, dos ex funcionarios son procesados por irregularidades durante la gestión de Borge; otros seis tienen orden de aprehensión, pero lograron obtener amparos o están en calidad de desaparecidos para la justicia.

Sin embargo, precisó que hay otros 12 o 14 ex servidores públicos estatales que están siendo investigados por diversas irregularidades efectuadas bajo la gestión del entonces gobernador Roberto Borge.

Joaquín González señaló que en la audiencia de extradición estarán involucrados tanto los procesos por delitos federales como los cometidos en el ámbito estatal, que en muchos casos tienen que ver con uso inadecuado de aviones y pagos de vuelos no efectuados, entre otras irregularidades.