Organizaciones civiles solicitaron a la firma Blackstone Group LP –interesada en adquirir 40 por ciento de la empresa de Israel NSO Group– no invertir hasta que dicha compañía coopere con las indagatorias sobre el uso ilegal que el gobierno mexicano habría dado a tecnología comprada a los israelíes, con la que presuntamente espió a defensores de derechos humanos, miembros de un equipo internacional de investigación, periodistas y políticos de oposición.

La oficina para México y Centroamérica de Artículo 19, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, SocialTIC y El Poder del Consumidor enviaron ayer una carta al consorcio Blackstone Group LP en la que piden considerar las implicaciones éticas y de derechos humanos que tendría adquirir por el momento parte de las acciones de la empresa de Israel.

“Expresamos nuestra preocupación por la falta de rendición de cuentas de NSO Group respecto del uso de sus productos y servicios de forma ilegal e ilegítima en México. En meses recientes se ha documentado el uso del malware Pegasus, vendido a dependencias del gobierno federal, contra periodistas, activistas, legisladores e incluso expertos internacionales con inmunidad diplomática”.

Enfatizaron que lejos de sumarse a las investigaciones, NSO Group sólo ha emitido “un mensaje en el que reafirma que sus productos son comercializados únicamente a gobiernos. Se declaran ‘horrorizados por el supuesto mal uso de nuestro producto’ y afirman que cualquier uso de este tipo ‘sería una violación a nuestras políticas de ética de negocios, contratos legales y a lo que defendemos como compañía’. Sin embargo, hasta la fecha no ha aclarado su participación en los hechos denunciados ni ha ofrecido garantías públicas de colaboración con la investigación”.

Por ello, los grupos civiles solicitaron a Blackstone Group LP que, con base en sus principios de inversión responsable, transparencia y derechos humanos, se abstenga de invertir en la firma israelí al menos hasta que ésta coopere en las indagatorias, adopte medidas para rescindir los contratos vigentes con agencias del gobierno mexicano y se abstenga de ofrecer sus servicios en México y genere una serie de políticas que prevengan y eviten que sus clientes utilicen sus productos de manera violatoria de los derechos humanos.