Una acusación presentada en forma verbal y un video manipulado sobre el que no se aseguró su confiabilidad, fueron suficientes para justificar la rescisión de contrato de la física Ana Cristina Molero Milo y su posterior inhabilitación para trabajar en el servicio público.

Su error fue plantear de manera reiterada a las autoridades del Hospital General de México, las necesidades que tenía en el área de Física para garantizar la seguridad de las fuentes radiactivas, las cuales se utilizan en el tratamiento de pacientes con cáncer.

Desde julio de 2014, la especialista, con 28 años de experiencia en el área, y como encargada de seguridad radiológica del nosocomio, advirtió sobre el agotamiento de la vida útil de 25 fuentes de cesio-137. Ya acumulaban 8.5 años de antigüedad y tenían deterioro físico, los números de serie ya no se distinguían y se dificultaba identificar las piezas según su contenido radiactivo.

Molero Milo, quien cuenta con varias licencias de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) para el manejo de material de ese tipo, envió varios oficios al representante legal Jesús Miguel Chávez Mayol y de nuevo en enero de 2016, cuando las fuentes –con 10 años de antigüedad– ya habían terminado su vida útil.

Aunque no había fuga del material, el riesgo era inminente, lo que iba a provocar radiación innecesaria hacia los pacientes, principalmente a mujeres con cáncer cérvico-uterino y a los trabajadores.

La especialista sugirió la adquisición de nuevas fuentes radiactivas, con las que mejoraría la administración de los tratamientos. El tiempo de aplicación podría disminuir 20 por ciento y por lo tanto, habría espacio para atender a más pacientes, las cuales también obtendrían ahorros, pues en lugar de cuatro sesiones pagarían sólo una, debido a que tendrían dosis más altas que las actuales y con mayor seguridad.

Además de que sus peticiones no fueron tomadas en cuenta, ocurrieron otras anomalías que también planteó, como la asignación de personal de enfermería a las áreas donde se hace uso del material radiactivo, pero sin tener las licencias que otorga la CNSNS.

Al riesgo por el desconocimiento sobre el uso de las fuentes y laborar sin los dosímetros personales, los cuales indican el nivel de radiación al que el empleado está expuesto, el hospital se expone a que la CNSNS cancele el permiso de operación de la Unidad de Radioterapia, refirió la experta.

Entonces comenzó el hostigamiento laboral, con la amenaza de desaparecer el Departamento de Física que dirigía Molero Milo y luego con el cambio de chapa de la puerta de su oficina.

Luego sobrevino la acusación de una estudiante, quien afirmó que la física le pidió dinero para aprobarla en su curso. Esto bastó para rescindirle el contrato a partir del 1º de julio de 2016. Actualmente está en curso el juicio en tribunales para revocar esta decisión, así como el dictamen del Órgano Interno de Control que la inhabilitó por 10 años.