La Secretaría de Gobernación (SG) advirtió de rezagos en las unidades estatales responsables de determinar si un sujeto acusado de cometer un delito debe seguir su proceso en libertad o en prisión preventiva.

El tema tomó relevancia este mes, cuando se vinculó el aumento de homicidios dolosos –en niveles sin precedentes desde el inicio de la estadística en 1997– a la puesta en libertad de personas halladas en posesión de armas de alto calibre.

Los integrantes de las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso deben presentar argumentos ante el juez para que, en su caso, los acusados enfrenten el juicio en libertad o en prisión preventiva.

Sin embargo, las unidades son de las más atrasadas en cuanto al desarrollo del sistema de justicia penal acusatorio, mejor conocido de juicios orales. Hay algunas entidades que no cuentan con estas importantes áreas y otras las tienen en condiciones mínimas de operación, según diagnósticos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la SG.

Esta dependencia elaboró un modelo homologado que deberán seguir los responsables de esta evaluación de riesgo de los imputados.

Las unidades, dijo la SG, deben encontrar soluciones viables para evitar la saturación de los sistemas penitenciarios y, a la vez, hacer uso razonable de la prisión preventiva cuando las circunstancias lo ameriten.