Nueva York.

El gobierno de Donald Trump amenaza con imponer mayores castigos sobre Venezuela y reitera que todas las opciones están sobre la mesa, al intensificar su esfuerzo para promover el cambio de régimen en Caracas.

Después de imponer sanciones sobre 13 venezolanos que son integrantes, socios o aliados del gobierno de Nicolás Maduro el pasado miércoles, Trump amenazó abiertamente con imponer más medidas punitivas si procede el voto para una Asamblea Constituyente programada para este domingo. Fuentes dentro de su gobierno reportan que entre las medidas que se evalúan, están las dos más severas: una prohibición en la importación de petróleo venezolano a Estados Unidos y otra, aún más dramática (algunos la llaman la opción Cuba o Irán), prohibir al gobierno venezolano hacer transacciones en dólares, algo que dificultaría la posibilidad de vender su petróleo en los mercados internacionales.

El vicepresidente Mike Pence informó por tuit, el viernes: “Hablé con Leopoldo López, prisionero político y activista. A nombre de @POTUS [presidente de Estados Unidos, por sus siglas en inglés], le dije que EU apoya al pueblo de Venezuela”. En el resumen oficial de la llamada hecho por la Casa Blanca, se informó que Pence elogió a López por su valentía y su defensa abierta de la democracia venezolana a pesar de su actual detención bajo arresto domiciliario. El vicepresidente, según esto, reiteró el llamado por la liberación incondicional de todos los prisioneros políticos en ese país, elecciones imparciales, restauración de la Asamblea Nacional y el respeto a los derechos humanos. Reiteró el mensaje de Trump de que si el régimen de Maduro procede con su Asamblea Constituyente este domingo, Estados Unidos responderá con acciones económicas fuertes y rápidas.

Desde el miércoles, al anunciar las sanciones contra 13 venezolanos, el secretario del Tesoro Steven Mnuchin amenazó con más medidas: Cualquier electo a la Asamblea Nacional Constituyente debe saber que su papel en minar los procesos e instituciones democráticas puede exponerlos a potenciales sanciones estadunidenses. El Departamento de Estado ha reiterado el mismo mensaje a fines de esta semana.

En medio de un escándalo político sobre la interferencia rusa en las elecciones estadunidenses, aquí aparentemente no ven la ironía de su abierta intromisión en un proceso interno en otro país, señalan algunos analistas. Mark Weisbrot, codirector del Center for Economic and Policy Research (CEPR), comentó recientemente que el involucramiento de Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela en el siglo XXI han dejado enano a todo aquel que ha acusado a Vladimir Putin de haberlo hecho aquí. Recordó que hace 15 años el propio Departamento de Estado confirmó que había apoyado a individuos y organizaciones que participaron directamente en el golpe militar contra Hugo Chávez en 2002, y que desde entonces el gobierno estadunidense ha otorgado millones de dólares a la llamada oposición venezolana para promover un cambio de régimen.

La asistencia oficial estadunidense desde inicios del siglo se ha canalizado a organizaciones y proyectos que, según las justificaciones oficiales, se dedican a la defensa de derechos humanos, gobernancia, promoción de sociedad civil y el fortalecimiento de instituciones democráticas, entre otros. Para el año fiscal 2017, se ha asignado un total de 5.5 millones de dólares, en 2016 fueron 6.5 millones (http://foreignassistance.gov/explore/ country/Venezuela).

Otro de los principales canales de asistencia oficial estadunidense ha sido a través de la Fundación Nacional por la Democracia (NED), que ha emitido más de 1.5 millones de dólares a ONG y otras entidades vinculadas con la oposición en 2016. Venezuela es el segundo país con mayor apoyo de la NED sólo después de proyectos dedicados a Cuba (http://www.ned.org/region/latin-america -and-caribbean/venezuela-2016/). A diferencia de otros países, el NED no identifica a las organizaciones a quienes ha otorgado fondos en los últimos dos años.

En 2015, la NED condecoró con su Medalla de la Democracia a los líderes opositores venezolanos Leopoldo López, al entonces alcalde de Caracas Antonio Ledesma y a Tamara Suju, en un acto en el Capitolio. Líderes legislativos de ambos partidos –incluyendo la líder de la bancada demócrata de la cámara baja, Nancy Pelosi, y los republicanos Ed Royce e Ileana Ros-Lehtinen– rindieron honores, como también el ex gobernante español Felipe González.

El debate sobre la posible aplicación de las sanciones más extremas, sobre todo al petróleo venezolano, se ha topado con las posibles repercusiones para Estados Unidos. Venezuela es uno de los cinco principales proveedores de petróleo crudo importado a este país, y la inversión directa estadunidense en Venezuela está concentrada en los sectores petroleros y manufactureros (unas 500 empresas de este país están presentes en Venezuela, según el Departamento de Estado. Por tanto, las repercusiones negativas de sanciones sobre la importación de crudo tendría un costo directo para firmas del país del norte, pero aún más poéticamente delicado, podría implicar un alza en el precio de gasolina al consumidor aquí.

Ante ello, algunos dentro y fuera del gobierno de Trump están argumentando en favor de ejercer mayor cautela en el manejo de la situación, a veces decorando estos llamados con una preocupación humanitaria, al recordar que Estados Unidos es el principal socio comercial de Venezuela, y que tales sanciones generaran mayores dificultades económicas para la población que podrían resultar en críticas contra los que las imponen.

Pero a la vez, estrategas políticos coinciden en que la crisis en Venezuela es positiva para la aparente posición de consenso entre la cúpula política de Washington. La situación en Venezuela representa una oportunidad para que el actual gobierno de Estados Unidos promueva los intereses de Estados Unidos en el hemisferio, señaló Moisés Rendón, director asociado del Programa de las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).