En sólo dos años de su administración, el gobernador panista de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, ha generado un clima de persecución en contra de diversos colectivos sociales, lo que se ha traducido en diversas aprehensiones y ataques contra activistas y trabajadores precarios, advirtió la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA).

En conferencia de prensa, la organización campesina y popular señaló que un ejemplo de esta política de oídos sordos y represión es el retiro de decenas de comerciantes de la alameda Hidalgo, ocurrido el 19 de junio de 2016, a pesar de que los tianguistas estaban al corriente en sus pagos para instalarse en dicho sitio de la capital del estado.

Al inconformarse por esta acción policiaca, el dirigente de los comerciantes, Pablo Héctor González, interpuso una demanda por la vía legal y al mismo tiempo organizó movilizaciones en las calles para protestar por lo ocurrido.

En respuesta, el gobierno de Domínguez Servién lo detuvo, bajo acusaciones de motín, pero el dirigente recuperó su libertad por orden de un juez federal. Aunque los comerciantes ganaron un amparo para instalarse de nuevo, el mandatario estatal rompió el diálogo con este gremio y la situación sigue siendo tensa.

Un ejemplo más de lo que está ocurriendo en Querétaro, subrayaron los integrantes de la CNPA, es la represión contra el Movimiento de Resistencia Civil de Pueblos de Tequisquiapan, que se inconformó por la imposición a modo de diversos funcionarios municipales, a cargo del alcalde Raúl Orihuela González.

De igual manera, en septiembre de 2016 un ex regidor ordenó perforar un pozo para extraer agua en el ejido San Nicolás, lo que generó la inconformidad de los habitantes del pueblo. Una de las activistas que se opuso a dicha obra, Ana Ochoa Castillo, fue detenida violentamente y encarcelada en febrero de este año.

La CNPA también destacó los casos de los maestros Sergio Jerónimo Sánchez Sáenz y Carlos Aldana, quienes fueron acusados de motín y más tarde liberados por la presión de varias organizaciones sociales, y las supuestas órdenes del gobernador hacia los medios locales para cambiar a los reporteros que lo incomodaran, en un asunto que reveló el portal de noticias Códice Informativo.