Los gobiernos de siete entidades de la República incurrieron el año pasado en irregularidades y daños al erario por un monto de mil 858 millones de pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), revela la revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La revisión de la cuenta pública 2016 arrojó recomendaciones a los gobiernos de Morelos, Hidalgo, Coahuila, Chiapas, Baja California, Baja California Sur y la Ciudad de México, porque incurrieron en inobservancias de la normatividad en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, al no disponer de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo.

En el caso de Morelos, gobernado por el perredista Graco Ramírez Garrido Abreu, el FAFEF aportó 485 millones de pesos a través de diversas transferencias, y el ente observó un probable daño a la hacienda pública federal por 353 millones 620 mil pesos con recursos transferidos de la cuenta bancaria donde se administraron los recursos hacia otras cuentas bancarias a nombre de la administración estatal, sin acreditar su aplicación en los objetivos del fondo y por no haber aplicado a la fecha de la revisión (junio de 2017) el dinero y rendimientos financieros generados por el fondo.

El desglose de las auditorías practicadas por la ASF determina que en Baja California se generó un probable daño a la hacienda pública federal por un importe de 308 millones 980 mil pesos. Aquella entidad tampoco dispone de un adecuado sistema de control interno, lo que incidió en responsabilidades y en incumplimiento en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo.

El gobierno de Baja California no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FAFEF, ajustada a la normativa que regula su ejercicio, indic´po la ASF.

Un caso similar fue detectado en Coahuila, donde también se descubrieron inobservancias de la normatividad, principalmente en el incumplimiento de la política pública, que implicó un probable daño al erario por un importe de 423 millones 321 mil pesos, que representa 64.7 por ciento del total de recursos asignados a esa entidad a través del FAFEF.

La conclusión de la auditoría practicada a Coahuila establece que el gobierno de esa entidad, encabezado por Rubén Moreira, realizó transferencias injustificadas por 550 millones de pesos, y se dejaron de atender rubros como el saneamiento financiero, el sistema de pensiones, la modernización de los registros públicos de la propiedad, los sistemas de recaudación fiscal, el gasto federalizado, el fortalecimiento de los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, los sistemas de protección civil, apoyos a la educación pública y a los fondos para apoyar proyectos de infraestructura concesionada.