Querétaro, Qro.

Seis ex trabajadoras de la Defensoría de los Derechos Humanos de la entidad (DDHQ),’ demandaron a la dependencia por incurrir en presuntas violaciones a sus derechos laborales, por lo que exigieron a la nueva titular, Roxana de Jesús Ávalos Vázquez su reinstalación, así como el pago de salarios caídos, gastos por trámites judiciales y de salud, que en un caso alcanza los 750 mil pesos.

Las demandantes pidieron a Ávalos Vázquez reconocer que el anterior ombudsman Miguel Nava Alvarado incurrió en violaciones a sus derechos laborales y no lo solape al interponer denuncias por presuntos abusos en materia de derecho a la honra, a la igualdad, a la integridad personal, al trabajo y a la vida libre de violencia.

Julieta Mayela Reyes Esparza dijo que en septiembre de 2015 sufrió un derrame cerebral y estuvo inconsciente un mes, y su incapacidad duró hasta agosto de 2016; sin embargo, en enero de ese año le dejaron de pagar.

Al no recibir salario, prestaciones como el Seguro Social fueron retenidas y tampoco pudo continuar con sus tratamientos médico y de rehabilitación. Tampoco obtuvo liquidación, lo que significó que no estaba despedida.

En agosto de 2016 pretendió regresar a su puesto de auxiliar de recursos materiales, pero le dijeron que su relación laboral estaba suspendida pues antes de enero de 2016 el gobierno del estado era el encargado de realizar la nómina de la DDHQ.

Al obtener independencia financiera la defensoría desde esa fecha se encarga de su nómina; no obstante en ese tránsito no incluyó a varios trabajadores como a Reyes Esparza y jubilados. Tampoco les otorgó una pensión porque el anterior patrón (gobierno del estado) se tenía que hacer cargo de ese trámite.

En febrero de 2017, cuando Ávalos Vázquez asumió el cargo, Reyes Esparza, a quien le faltan cinco años para jubilarse, la buscó y fue atendida en mayo pasado. Le pidió su reinstalación para tener prestaciones y atención médica. La nueva funcionaria aceptó, pero sin reconocer su antigüedad laboral de 12 años y sin prestaciones ni el pago de 50 por ciento de los salarios caídos y en abonos.

Reyes Esparza explicó que entre sueldos caídos, prestaciones, indemnización por gastos de salud y jurídicos, la DDHQ le debe casi 750 mil pesos contabilizados hasta junio de 2017.

El caso de María Vianney Martín del Campo Vera, visitadora adjunta regional, por tener diferencias con el anterior ombudsman encontró la chapa cambiada del inmueble donde debía laborar en el municipio de San Juan del Río.

Le pidieron entregar un automóvil que tenía a su cargo sin comprobante de por medio de que estaba en óptimas condiciones, por lo que mejor lo puso a dispo-sición del Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Ella fue despedida por falta de probidad en mayo de 2015 y demandada por Nava Alvarado acusada de robo de vehículo y pedían prisión preventiva.

Las otras demandantes son María de las Mercedes Martínez Martínez, Andrea Martínez Maye, Judith Alanis Luis y una persona que pidió el anonimato.