Aunque hay evidencias sobre el posible daño ecológico que provocaría la ampliación del puerto de Veracruz –concretamente con las afectaciones a seis bancos de arrecifes–, el Poder Judicial de la Federación en dicha entidad se ha negado a admitir el riesgo de violaciones al derecho a un medio ambiente sano, advirtió el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

En diciembre de 2016, un grupo de habitantes de la región pidió la suspensión de las obras de ampliación portuaria, sobre todo aquellas que pudieran causar daño irreversible al Sistema Arrecifal Veracruzano.

No obstante, el 21 de abril de este año, un juzgado de distrito negó la suspensión definitiva de las obras por considerar que los demandantes no habían demostrado tener interés legítimo para solicitarla, al no haber acreditado una afectación real y apreciable causada por dichos trabajos.

Además, consideró que detener una obra como la ampliación del puerto de Veracruz, evidentemente iría contra el interés social y orden público que impulsó al Estado mexicano a su realización en beneficio de la economía y la población. Aunque el pasado 9 de junio el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del séptimo circuito admitió un recurso de revisión presentado por los demandantes, más tarde desechó una serie de pruebas periciales de los daños que sufriría el arrecife de La Loma y de los impactos acumulativos en esta zona.

Ximena Ramos, experta de la oficina del Cemda en el Golfo de México, recordó que la primera parte de los trabajos de ampliación del puerto de Veracruz ya está casi terminada, y destacó que hay estudios científicos –como el del investigador Leonardo Ortiz– que demuestran la posibilidad de un daño irreversible en el sistema arrecifal.