Malinaltepec, Gro.

Una aportación importante para la cancelación del proyecto de explotación minera en la comunidad indígena de San Miguel del Progreso fue la del equipo de trabajo que encabezó María Teresa Sierra Camacho, investigadora titular del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas).

La especialista presentó el 19 de julio de 2016 en la Ciudad de México un dictamen pericial antropológico relativo al juicio de amparo 429/2016 en apoyo a la parte quejosa, en este caso la comunidad me’phaa de San Miguel del Progreso.

También recibió el peritaje la juez primera del 21 circuito judicial de Guerrero del Poder Judicial de la Federación, Estela Platero Salado.

Las conclusiones del dictamen presentado por Sierra Camacho fueron consideradas contundentes. La principal es que la comunidad indígena agraria de San Miguel del Progreso mantiene una posesión ancestral, mítica e histórica con su territorio, del cual depende integralmente para su reproducción material y espiritual.

Su condición de pueblo originario y entidad agraria de bienes comunales les dio bases legales para reclamar derechos colectivos sobre sus tierras y ejercer su libre determinación y autonomía.

El análisis destacó el vínculo indisoluble de la comunidad con el territorio en su dimensión material, simbólica y espiritual, lo que les ha permitido reproducir su vida a lo largo del tiempo y con ello garantizar su existencia como pueblo me’phaa.

Su sistema normativo y de autoridad, que abarca los ámbitos municipal, agrario y tradicional, regula la vida comunitaria, estipula derechos y deberes de sus integrantes y las tareas del gobierno comunitario, todas supeditadas a una asamblea general.

Refiere que el territorio indígena se estructura con base en tres pisos ecológicos, lo cual les permite organizar sus actividades productivas de forma diferenciada y garantizar el sustento material a lo largo del año.

Asimismo, señala que los pobladores están conscientes de las afectaciones que implica la declaratoria de libertad de terrenos 02/2015, la cual abarca la mayor parte de sus tierras comunales establecidas en polígono agrario del plano definitivo.

La comunidad se organizó para defender su territorio con base en el Convenio 196 de la Organización Internacional del Trabajo y exigir al gobierno federal respeto a sus derechos colectivos y la cancelación de las amenazas que implica la libertad de terrenos.

También se advierte que continuar con la liberación de terrenos para permitir la exploración y explotación de recursos mineros en dicho territorio pone en riesgo la continuidad, viabilidad y sustentabilidad y la sobrevivencia de la comunidad indígena.