Los mototaxis en la Ciudad de México operan no sólo como taxis, sino también como peseros y cobran cinco pesos si la distancia no rebasa dos kilómetros o 10 pesos por piocha si es mayor.

Pese a ser un servicio ilegal, al carecer de permiso o concesión de la Secretaría de Movilidad (Semovi) e incurrir en un delito que se castiga con tres meses a dos años de prisión y multa hasta de 37 mil 745 pesos, su crecimiento va en ascenso en colonias populares y de difícil acceso.

Las mujeres son las principales usuarias para acudir a la escuela, el mercado, al doctor o visitar a alguna amiga, aprovechando su colocación estratégica en la salida de estaciones del Metro.

Desde hace cinco años, comentan algunos mototaxistas, se registra un auge, debido a las facilidades para adquirir una moto y el bajo costo para convertirla en taxi o pesera: 18 mil pesos, en promedio.

La inversión para un golfitaxi (carrito eléctrico de golf), como los que circulan en Tláhuac, es más elevada, porque son 25 mil pesos por la unidad y 2 mil de la herrería, lonas y mano de obra, estimaron entrevistados.

Las multas para sacarlos del corralón, sin embargo, dijeron, son mucho mayores, pues llegan a ser de 52 mil pesos, y mejor los dejas perder, ya que con eso compras otro nuevo y con las dejadas, lo pagas.

En los tres años anteriores, los operativos realizados por la Semovi y la Secretaría de Seguridad Pública han permitido remitir a mil 817 mototaxis a los corralones, un promedio de 1.6 al día.

Esta semana se reanudarán los operativos contra estas unidades ilegales, cerca de 30 mil mototaxis y golfitaxis, agrupadas en 52 organizaciones, según información de las delegaciones donde operan.

Los prestadores del servicio “no tenemos miedo. Nadie nos va a quitar, porque somos necesarios en tramos cortos y en zonas alejadas o de difícil acceso, donde micros o camiones no entran”.

El desempleo y la necesidad de contar con un ingreso nos llevó a muchos de nosotros a meternos en esto y no vamos a permitir que nos lo quiten, porque estamos organizados, señalaron.

La Ley de Movilidad prevé una pena privativa de libertad de tres a seis años y una multa hasta de 75 mil 490 pesos, a quien preste este servicio de transporte de pasajeros sin concesión.

Las delegaciones en las que se ofrece este servicio son Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Venustiano Carranza, Xochimilco y Tláhuac, donde hay 23 organizaciones, con alrededor de 15 mil unidades, de las cuales 10 mil son del grupo de Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos.