n otras circunstancias, parecería absurdo que el gobierno federal celebre, como una especie de triunfo de último minuto, la sujeción a proceso judicial de Javier N, alias Javier Duarte de Ochoa, el personaje que simboliza los excesos delictivos de los políticos mexicanos.

Es, desde luego, un júbilo oficial envenenado, tramposo. Se festeja con ínfulas victoriosas someter a juicio al ex gobernador de Veracruz, como si este hecho fuera suficiente por sí mismo, cuando, en términos reales, se regaló a la acuciosa defensa de Duarte de Ochoa toda una plantación de errores, imprecisiones y torpezas que podrán ser cosechadas con sentido exculpatorio más adelante, pasadas las elecciones presidenciales, acaso ya en el tramo final de la cómplice administración peñista.

El juego de las apariencias justicieras entró a partir de este sábado reciente en una etapa de latencia: el actoral personaje conocido como Javidú queda a resguardo en una cárcel de jurisdicción capitalina (a pesar de que el gobierno de Miguel Ángel Mancera ha advertido que no tiene las condiciones adecuadas para cuidar de un interno de las características del veracruzano), en espera de que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) encuentren, en el plazo de seis meses, más datos que refuercen las acusaciones hasta ahora enderezadas contra el rotundo amigo del inquilinaje actual de Los Pinos.

Cuando se retome el caso Javidú, en enero del año próximo, ya estará centrada la atención pública en los detalles de la contienda global que desde ahora se prevé fragorosa (Presidencia de la República, algunas gubernaturas, Congreso federal en sus dos cámaras y, en determinados casos, legislaturas estatales y presidencias municipales).

Los escándalos y las tormentas que se produzcan en este semestre habrán de atenuar la indignación y la observación que hoy rodean el caso del más escandaloso (pero no el peor) de los agresores del interés público. Y es probable que, para entonces, poco se repare en el daño al proceso judicial que se ha infligido desde ahora, con la primera diligencia judicial cargada de errores cometidos por la parte gubernamental y la segunda, la de este sábado, cargada de enmiendas tan cacareadas como insuficientes, que han dejado empotradas en el armario manipulable del poder judicial las claves para posteriores exculpaciones, a título de violaciones al debido proceso, imprecisiones de origen, acusaciones fofas y comprobaciones programadamente desbaratadas.

Por cierto, parece necesario reproducir aquí lo publicado en esta columna el pasado 6 (https://goo.gl/o2maoj), pues se sigue propiciando mediáticamente la expectativa de que a Duarte de Ochoa se le podrá castigar por la totalidad de los presuntos delitos cometidos durante su paso por el gobierno de Veracruz, y que algunos añadidos podrán darse conforme aparezcan datos e indicios. No hay tal: “Javier Duarte de Ochoa no podrá ser juzgado por acusaciones distintas de aquellas que fueron ya presentadas puntualmente por las administraciones de Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Yunes Linares en Guatemala para pedir su extradición (salvo, claro está, por los delitos de otra índole que cometiera en adelante, por ejemplo, en la propia cárcel mexicana).

“Dicho de otra manera: Javidú (...) ha sido virtualmente exonerado del resto de hechos delictivos que cometió como gobernador de Veracruz y sólo deberá responder por el reducido número de casos concretos que sustentó la Procuraduría General de la República y los que presentó la manejable fiscalía veracruzana. Sólo por esos casos, ni uno más.”

Miguel Ángel Mancera ha declarado una guerra al diccionario. Según su cruzada semántica, en la Ciudad de México no hay cárteles, sino grupos delictivos dedicados al narcomenudeo y a otras actividades que no calificarían para dar a esos simples granujas el título mayor que, en todo caso, ostentan las agrupaciones de otras partes del país.

El esfuerzo conceptual del ex procurador de justicia de lo que entonces solamente se llamaba Distrito Federal pretende reducir, por la vía declarativa, la gravedad del problema que muchos capitalinos asumen, sin tretas retóricas, como propios de cárteles: el cártel de Tepito, llamado Unión Tepito; el cártel de Tláhuac, con su abatido jefe llamado El Ojos, y otros.

Los efectos de esos cárteles sobre la vida de los habitantes de la capital del país están a la vista. Ayer hubo muertos y heridos en un tianguis de Iztapalapa, donde, según versiones que las autoridades tratan de diluir, hubo un enfrentamiento entre comerciantes del lugar contra cobradores de derecho de piso. La descomposición de la vida citadina, el aumento de la violencia y la inseguridad no habrán de disminuir solamente por la verbosidad cargada de aspiraciones electorales de Mancera.

Rafael Moreno Valle realizó ayer un acto masivo de apoyo a su precandidatura presidencial panista en el Auditorio Nacional. Hasta ahora había navegado en aguas someras, con giras discretas y, sobre todo, la embustera propaganda disfrazada de promoción de un libro cuya parte más leída ha sido solamente el título, colocado en anuncios espectaculares por todo el país.

La atención de quienes decidirán la postulación presidencial del partido conservador ha estado centrada en los pataleos del grupo calderonista, que ha pretendido forzar la designación adelantada de Margarita Zavala, y en el atrincheramiento estructural de Ricardo Anaya. El ex gobernador de Puebla, Moreno Valle, sólo parecería en condiciones de avanzar si ese pleito entre las dos corrientes principales obligara a optar por una tercera vía.

Pero, en realidad, el ex priísta y ex gordillista busca acumular cierto capital político para posteriores negociaciones y, sobre todo, para canjear sus fichas por la postulación a la gubernatura de su esposa, Martha Erika Alonso Hidalgo, actual secretaria general del PAN estatal (la actual gubernatura, a cargo del morenovallista José Antonio Gali, fue electa sólo por 20 meses). ¡Hasta mañana!

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