Tijuana, BC.

El tribunal colegiado del 26 circuito declaró procedente un amparo que ordena al ayuntamiento de Los Cabos y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no modificar el trazo de la carretera Transpeninsular –en el corredor turístico que va de Cabo San Lucas a San José del Cabo–, como pretende un grupo de empresarios que busca crear una zona turística de gran lujo e impedir el paso del transporte público y lugareños por la costera.

Desde hace tres años, organizaciones sociales, ecologistas y hoteleros luchan contra una asociación de empresarios inmobiliarios encabezados por Eduardo Sánchez-Navarro Redo, que construye un conjunto turístico que abarca parte de la carretera Transpeninsular, para lo cual convencieron a las autoridades municipales de cambiar el trazado.

La empresa hotelera Cabo Valencia promovió un amparo ante el juzgado tercero de distrito contra la modificación de unos 15 kilómetros de la vía, del puente El Tule a las inmediaciones del hotel Westin Regina.

Las empresas Promotora Cabo Real, Golfo de California Hoteles y Fraccionamientos, Constructora California, Quinta Tres e Inmobiliaria Carisma, socias en el desarrollo que pretende alejar a la población para ofrecer privacidad a sus clientes, promovieron un recurso contra la admisión del amparo 861/2016.

El 19 de julio, un tribunal colegiado de circuito consideró infundada la queja 149/2017, presentada por esas compañías, quienes buscan el sobreseimiento del amparo, así que el juicio continúa, informó la apoderada legal de la empresa Cabo Valencia, Alejandra Frinee Cota Zúñiga, quien explicó que la intención era que los jueces no llegaran al fondo del asunto.

Lo que buscan estas empresas hoteleras, agregó, es una carretera alejada de la costa para la gente que va al trabajo, y apoderarse de la vía cercana al mar, con el argumento de que van a modernizarla, protegerla y conservarla, apuntó.

Dos convenios con el gobierno federal

El Colegio de Arquitectos de Baja California Sur recibió el jueves pasado al nuevo delegado de la SCT, Sergio Herrera Concha, con un desplegado en medios impresos locales, en el cual recuerda que en la década de 1950 los habitantes de Los Cabos pagaron 50 por ciento del costo de la carretera Transpeninsular, con un impuesto creado explícitamente para ello”.

Reiteran su rechazo a la permuta que pretenden los dueños del proyecto El Dorado, y le recuerdan que la ley estipula una serie de requisitos para modificar los planes de desarrollo urbano, entre ellos la consulta a los ciudadanos.

El nuevo director del Centro SCT viene de Tabasco, donde ocupaba el mismo cargo, y fue acusado por el senador perredista Fernando Mayans de desviar 200 millones de pesos.

En el desplegado, los inconformes le advierten que los habitantes de Los Cabos tienen derecho a rechazar la permuta, aunque el municipio le haya otorgado un visto bueno condicionado a la obra, decisión contra la que, además, hay un amparo.

La SCT suscribió dos convenios de concertación, uno en 2008 y otro en 2012, con John Antony Vaughan Offer, de Promotora Cabo Real (propiedad de Sánchez-Navarro Redo) para hacer ciertas adecuaciones al trazo de la carretera.

Los Sánchez Navarro no son sólo una familia de empresarios con intereses en distintos sectores. En Baja California Sur son también políticos panistas. Eduardo Sánchez-Navarro Redo es socio del Grupo Aeroportuario del Pacífico, que administra 12 terminales aéreas en México; presidente de la inmobiliaria Grupo Questro, de Promotora Cabo Real y de Constructora Bajacaliforniana, entre otras empresas.

A su vez, Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro –sobrino del empresario– llegó al Senado gracias a que el gobernador Carlos Mendoza Davis le dejó su escaño.

Antes de ir como suplente en la fórmula del hoy mandatario, Fernández Sánchez-Navarro fue regidor del municipio de Los Cabos.

(Con información de Raymundo León, corresponsal)