Berlín.

Casi dos años después de que saliera a la luz el escándalo de manipulación de Volkswagen, las sombras de duda amenazan con empañar de nuevo la reputación de la industria automovilística alemana, sospechosa de haber formado desde los años 90 un cártel empresarial, publicó este viernes el semanario Der Spiegel.

En el foco se encuentran los gigantes alemanes del motor: Volkswagen, Audi, Porsche, BMW y Daimler, que presuntamente se reunían en grupos de trabajo secretos para llegar a acuerdos sobre desarrollos tecnológicos, costos y proveedores, según indica la publicación, que cita un escrito enviado por Volkswagen a las autoridades de la competencia como el documento que habría destapado el entramado.

La Comisión Europea anunció este sábado que está examinando informaciones relativas a un posible cártel entre los grandes fabricantes de automóviles alemanes. Sin embargo, todavía es prematuro realizar especulaciones, dijo una portavoz de la autoridad reguladora europea antimonopolio, quien también informó que ese organismo y las autoridades de Alemania cooperan entre sí en este tipo de temas.

Asimismo, ha trascendido que el grupo Daimler habría presentado una especie de autodenuncia ante dicho organismo en el que se haría referencia al presunto cártel.

Por el momento, Volkswagen ha declinado hacer declaraciones, al tiempo que Daimler y BMW califican las acusaciones de especulaciones. El Tribunal de Defensa de la Competencia, con sede en Bonn, ha guardado silencio. Mientras, las acciones de las compañías automotrices siguen experimentando grandes bajas en bolsa.

Der Spiegel indicó que más de 200 trabajadores de las cinco fabricantes alemanas se reunían desde los años 90 de forma secreta para acordar detalles relativos al desarrollo de los automóviles, tanto de tipo tecnológico como referentes al sistema de emisión de gases en vehículos diésel.

A tenor de los datos publicados, los fabricantes habrían acordado incluso qué tamaño deberían tener los tanques de AdBlue, una disolución utilizada para reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno. La cuestión no era menor dado que cuanto mayor fuese la dimensión del tanque, mayor sería su precio, de ahí que optasen por unos de pequeño tamaño.

Según Der Spiegel este punto concreto podría haber sido el origen del escándalo que en 2015 sacaría los colores a Volkswagen, cuando la compañía, al ser presionada por las autoridades estadunidenses, admitió haber instalado en unos 11 millones de coches en todo el mundo un software que manipulaba las mediciones de emisiones de gases.

En los grupos de trabajo del cártel automotor también se abordaba la elección de proveedores o la fijación de costos de piezas de los vehículos, informó la revista.

“Existe la sospecha de haber formado un cártel”, señala la denuncia enviada por Volkswagen a las autoridades de la competencia, según recoge Der Spiegel.

Los cárteles son contrarios al Derecho de competencia de la Unión Europea y la Comisión Europea impone multas cuantiosas a las empresas implicadas en ellos. Al ser ilegales, los cárteles se suelen mantener en secreto y resulta difícil demostrar su existencia.

La Comisión aplica una política de clemencia que anima a las empresas a facilitar pruebas internas de este tipo de acuerdos, ya que la primera empresa en hacerlo evita ser sancionada.

“Las empresas que participan en cárteles para pactar precios o repartirse los mercados se vuelven inmunes a la presión competitiva, que les obligaría a crear nuevos productos, mejorar la calidad y mantener precios bajos. Los consumidores terminan pagando más y recibiendo menos calidad”, explica la CE en su página web.

Tras este examen, el Ejecutivo europeo decidirá si abre o no una investigación, que podría durar varios años antes de decidir una eventual sanción financiera.

En el pasado, las autoridades del bloque ya impusieron multas millonarias a determinadas empresas por haberse demostrado su participación en un cártel. Entre ellas, destacan productores de cemento, cerveceras o fabricantes de salchichas.

El récord de multa son 2 mil 930 millones de euros que la UE impuso el 19 de julio de 2016 a cuatro fabricantes europeos de camiones acusados de haberse concertado durante 14 años sobre los precios de venta de sus vehículos.