En eso estamos, señora. La anterior es la respuesta que por dos años ha escuchado de autoridades estatales y federales Carola Marín, quien tiene a tres miembros de su familia desaparecidos. La voz le tiembla al explicar el largo peregrinaje al que se ha enfrentado sin resultados. ‘‘Me desgraciaron la vida’’, lamenta.

Su hijo David Mendoza Marín, su nuera Margarita Marín Yan y su yerno Alfredo Elías Marín Bustos fueron detenidos por elementos de la policía municipal de Ahome, Sinaloa, el 21 de julio de 2015. Primero los subieron a una patrulla y después a un auto compacto; desde entonces no se sabe de ellos.

‘‘Lo único que quiero es justicia. El gobierno se los llevó y exijo que me los devuelva. En todos lados me dicen que me van a apoyar, que están conmigo, que los responsables serán detenidos, y a dos años no han hecho nada.’’

Lo ha dejado todo para buscar a sus familiares, pero eso le ha acarreado severos problemas económicos. Por si eso fuera poco, ahora está a cargo, junto con su hija, de cinco pequeños que han quedado en la orfandad.

Carola y su familia son de Ciudad Juárez, Chihuahua, pero para mejorar sus condiciones económicas se trasladaron a Sinaloa; primero se establecieron en Mazatlán y posteriormente en Los Mochis. Se dedicaban a la venta de autos usados.

Un día después de la desaparición interpuso una denuncia ante la Procuraduría de Justicia de Sinaloa; ahí se llegó a la conclusión de que tres elementos de la policía municipal de Ahome eran los responsables y un juez dictó las órdenes de aprehensión, pero los señalados lograron escapar ‘‘por un pitazo de sus superiores’’.Hasta la fecha siguen prófugos e incluso han interpuesto amparos contra la orden de captura.

Al no ver resultados, la señora Marín interpuso una segunda denuncia –en septiembre de 2015– ante la delegación de la Procuraduría General de la República en Sinaloa. Un mes después, acudió a la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR, en la Ciudad de México. Pero no hay avances.

La vida se le ha vuelto un calvario: ni ella ni su hija tienen empleo. Han tenido que vender poco a poco sus pertenencias para subsistir y mantener a los cinco pequeños de tres, cuatro, siete, 11 y 12 años de edad. Hace poco se deshicieron de su sala y el comedor, y es tal su necesidad que están por vender su refrigerador. ‘‘No acompletamos para darles de comer’’.

Es poco el respaldo que recibe de las autoridades. En el ámbito local le han dicho que no tienen por qué apoyarla, mientras que en el federal recibe una ayuda mensual de 2 mil 200 pesos por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceav).

Denuncia que no le han brindado apoyo sicológico a ninguno de los miembros de su familia. ‘‘Los pequeños están muy mal, no quieren vivir, no quieren ir a la escuela, se la pasan preguntando que dónde están sus padres. Mi hija (esposa de su yerno desaparecido) se ha intentado suicidar y ahora le apareció un quiste en la garganta, pero el gobierno nos dice que esa enfermedad no entra en la reparación por los hechos’’.

La organización Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos ha acompañado a la señora Marín en este proceso. Guillermo Naranjo, director jurídico de esa agrupación, detalló que ante la inoperancia de la justicia local, el caso se ha presentado en instancias internacionales.

El Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de Naciones Unidas emitió acciones urgentes, pero el gobierno mexicano no las ha atendido; La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares para la búsqueda de sus familiares y brindar protección a ella y a su familia, quienes han sido acosados por policías de Los Mochis.

‘‘Nos han amenazado e intimidado, y el gobienro se limita a decirme que no tengamos miedo, que no nos pasará nada. Y yo les digo: regrésenme a mis hijos. Es todo lo que queremos’’.