Se cocinan bajo la mesa las leyes secundarias de la reforma en materia de justicia laboral, señaló el abogado Héctor Barba. Indicó que la intención del gobierno es tener listas estas iniciativas el primero de septiembre para que sean discutidas y aprobadas en el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión.

Sin embargo, dijo, no se ha consultado al sector obrero respecto del contenido de las leyes, siendo que el cambio que se aplicará es de fondo y forma, porque acabará con las Juntas de Conciliación y Arbitraje, por ejemplo, y cambiará definitivamente el esquema de registro de sindicatos y depósito de contratos.

Hay muchas incógnitas sobre el proceso de aplicación de la reforma, tanto en el aspecto técnico como político y legal, sobre todo porque se tendrán que generar 68 iniciativas de ley, dos federales y 66 de carácter local, dos por cada entidad federativa más la Ciudad de México, que deberán ser aprobadas por los congresos locales y la asamblea capitalina.

Es decir, estas leyes secundarias ya están siendo elaboradas y no ha trascendido nada, no ha habido consulta a los sindicatos. Esto es porque las iniciativas tienen que estar listas para los primeros días de septiembre de este año, porque el término para que entren en vigor las reformas secundarias es en febrero de 2018, y todos los procesos legislativos deberán estar terminados para esa fecha, señaló el abogado.

Indicó que el contenido de las iniciativas es la instrumentación, toda la mecánica y parte procesal de la sustitución de las Juntas Locales y Federal de Conciliación y Arbitraje, lo que implica diversos retos y dificultades; además tiene que establecerse la competencia de los tribunales laborales, si serán unitarios o colegiados, y su pertenencia al Poder Judicial, como la ley lo establece por el ámbito de sus atribuciones.

Además se creará un organismo publico descentralizado federal, que será el encargado del registro de los sindicatos y depósitos de contratos colectivos de todo el país, que significa la conformación de toda una institución de gran calado, porque nadie sabe a ciencia cierta cuántas organizaciones sindicales y contratos hay en México y es una tarea fundamental para el sector laboral.