Un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exhortó al gobierno de México a realizar una investigación transparente, independiente e imparcial sobre las denuncias de la presunta utilización del spyware llamado Pegasus para espiar a defensores de derechos humanos, activistas sociales y periodistas.

Michel Forst, David Kaye y Joseph Cannataci, relatores especiales sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión y sobre el Derecho a la Privacidad; así como Houria es-Slami, presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, indicaron –en un posicionamiento conjunto– que las denuncias de vigilancia ilegal representan una seria vulneración de los derechos a la privacidad, a la libertad de opinión, expresión y de asociación. Son altamente preocupantes y dan cuenta del entorno hostil y de desprotección que enfrentan defensores de derechos humanos, activistas sociales y periodistas en México.

El llamado de los expertos se produce un mes después de que el Citizen Lab de la Universidad de Toronto reveló en una investigación que existen elementos para considerar que dependencias del gobierno de Enrique Peña Nieto habrían utilizado ese malware para hackear e intervenir los teléfonos móviles de personas involucradas en la investigación y denuncia de casos de corrupción y violaciones graves a los derechos humanos durante 2015 y 2016. Información que fue difundida por medios internacionales y retomada por organizaciones civiles mexicanas.

De acuerdo con los reportes difundidos, la intervención informática habría afectado a defensores de derechos humanos del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, a activistas de otras organizaciones, al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y algunos miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes –nombrado para participar en la investigación de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa—, a varios periodistas –entre ellos a Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola–, así como el hijo de la primera, y a miembros del Partido Acción Nacional (PAN).

“Dada la gravedad de los hechos, el gobierno debe garantizar las condiciones necesarias para que la investigación se realice con independencia y transparencia. La posible implicación en la compra y el uso de Pegasus de las mismas autoridades que ahora se encuentran a cargo de conducir la investigación es motivo de preocupación. En ese sentido, llamamos al gobierno a que adopte todas las medidas necesarias para asegurar la imparcialidad de órgano investigador”, enfatizaron los expertos de la ONU.

Por ello, exhortaron a que se permita la participación de las víctimas en las investigaciones y a que se informe oportunamente a la sociedad sobre los resultados.

Exhortamos al gobierno mexicano a garantizar el cese de las intervenciones y el monitoreo. Dichas garantías deben incluir controles efectivos sobre los servicios de seguridad e inteligencia que impidan un uso ilegítimo de las herramientas de vigilancia con que cuenta el Estado.

Los relatores de la ONU consideraron que la resolución de este caso debe darse a través de una investigación independiente e imparcial, lo que representaría un paso clave para demostrar la voluntad del gobierno en la lucha contra la impunidad en la procuración de justicia en México.