Los errores cometidos por los representantes de la Procuraduría General de la República (PGR) durante la audiencia inicial del ex gobernador de Veracruz Javier N fueron una torpeza de los fiscales y negligencia del procurador (Raúl Cervantes Andrade) y del subprocurador que haya tenido bajo su mando este caso, por haber enviado a agentes del Ministerio Público que no tenían conocimiento de la carpeta de investigación y que carecen de la capacitación adecuada en el nuevo sistema de justicia penal, señalaron abogados litigantes.

Los especialistas en derecho señalaron que no está fallando el sistema, sino los operadores del mismo, por carecer de capacitación y conocimiento, lo cual podría derivar en el desecamiento de alguno de los cargos hechos al ex gobernador de Veracruz.

Durante la audiencia inicial del caso en contra del ex mandatario veracruzano, los fiscales de la PGR Martha Ramos Castillo, Nelly Magaly Alvarado y Pedro Guevara Pérez fueron cuestionados con respecto de los recursos públicos que le atribuyen haber desviado y la manera en que lo involucran en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, mostrando falta de conocimiento del expediente y señalando que de 438 millones de pesos que le imputan, solamente tienen acreditado el desvío de 38 millones de pesos.

Asimismo, ante su falta de conocimiento de la forma en que se triangular los recursos destinados a programas de educación y salud, los fiscales dijeron que la investigación en contra de Javier N sigue en curso.

En ese contexto Gabriel Martín Barrón Cruz, maestro en ciencias penales con especialidad en criminología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), señaló que uno de los problemas que existen en cuanto al nuevo sistema de justicia penal “ha sido la falta de capacitación completa, por ejemplo, en siete años entre 2008 y 2015, de más de 350 mil policías que existen en el país, solamente se capacitó unos 18 mil agentes, y faltan más de 330 mil en cuestiones básicas ni en el sistema penal acusatorio.

Lo que se hizo ante la entrada en operación del nuevo sistema, las autoridades implementaron cursos de 40 horas de duración a lo largo de tres meses para capacitarlos, y este ejemplo sirve para señalar que ocurrió lo mismo con los agentes del Ministerio Público y para los peritos, y sería necesario revisar caso por caso o fiscalía por fiscalía para ver cómo se capacitaron y la calidad de la educación que recibieron.