El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) exhortó al Congreso a realizar los nombramientos faltantes para completar y fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que ayer inició formalmente operaciones. Y es que en el Senado siguen los desacuerdos para designar a quienes estarán en dos de las áreas claves para el Sistema: el fiscal y los magistrados anticorrupción.

Del mismo modo, el Instituto alentó a los legislativos de todas las entidades federativas a aprobar los marcos normativos locales para adecuarlos al federal y con ello que se consoliden los Sistemas Locales Anticorrupción (SLA).

Esto es con el propósito de consolidar una política de unidad para hacer frente a la corrupción imperante en el país. El Inai considera que el combate a la corrupción requiere el trabajo articulado de todas las instancias que integran el SNA: los comités Coordinador, de Participación Ciudadana, Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, y los Sistemas Locales.

Agregó que el titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción –cuya designación sigue pendiente– afianzará los procesos de investigación, persecución y sanción de estos delitos, por lo que resulta fundamental su nombramiento.

Igual de importante, remarcó el instituto, es la aprobación de las leyes para poner en marcha los SLA, pues estos permitirán establecer una política de unidad en el combate a la corrupción, desde las entidades federativas, de ahí la importancia de contar con el andamiaje legal para su adecuada operación.

Recordó que el martes venció el plazo impuesto en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción para que el Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas expidieran las leyes y realizarán las adecuaciones normativas necesarias para la implementación de esos sistemas. Pese a ello, la mayoría de los congresos estatales no han materializado ese proceso.

De su lado, la Secretaría de la Función Pública (SFP) publicó en el Diario Oficial de la Federación cambios en su reglamento interno a fin de cumplir con los lineamientos del SNA.

Como parte de la operación de este sistema, ayer entró en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; al respecto, la titular de la SFP, Arely Gómez, manifestó el compromiso de consolidar este esquema anticorrupción, pues se trata de un mecanismo cuyo propósito es reforzar al Estado, basado en una relación de sólida confianza de la ciudadanía frente a su gobierno. Exhortó a los Congresos de los estados que faltan por armonizar sus leyes a finalizar ese proceso a fin de dar un paso decisivo para prevenir y combatir la corrupción en todo el país.