Decenas de organizaciones sociales nacionales e internacionales, instancias legislativas y personalidades en la defensa de las garantías fundamentales manifestaron su apoyo a la candidatura de Guadalupe Ramos Ponce a la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ).

En conferencia se dio a conocer que la académica de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y quien ha trabajado temas de género y otros derechos ha recibido más de 100 cartas de apoyo para el cargo, cuyo titular será nombrado por el Congreso estatal el próximo 27 de julio.

Representantes de organizaciones civiles expresaron que Ramos Ponce cuenta con un perfil académico, conocimientos, experiencia y sobre todo sensibilidad para ser la próxima ombudsperson que le da tanto su trabajo universitario como el que ha desarrollado desde la sociedad civil.

En la rueda de prensa se informó que los datos más recientes reportan que la CEDHJ cuenta con un presupuesto anual de 140.5 millones de pesos y de ese total, 138 millones 949 mil 488 pesos (98.6 por ciento) se destina a salarios y gasto corriente; mientras que para trabajo operativo para el combate e indagatoria a violaciones a derechos humanos apenas se destina 1.4 por ciento, que son un millón 550 mil 512 pesos.

Ramos Ponce cuenta con el apoyo de personas calificadas como Gloria Ramírez, coordinadora de la cátedra Unesco de Derechos Humanos de la UNAM; Emilio Álvarez Icaza, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; del rector de la UdeG, Tonatiuh Bravo; de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados federal; de organismos como la Asociación Mexicana de Mujeres Juezas y Magistradas, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, entre otras.

Aunque no pudo estar presente en la conferencia por motivos de salud, se dio a conocer la posición de Gloria Ramírez, quien exhortó al Congreso del estado a realizar un proceso de elección transparente, con discusiones públicas y a evitar lo que ocurrió en el pasado, que se cayó en acuerdos políticos, no se hizo una evaluación del perfil y trayectoria y no se tomó en cuenta a la sociedad civil.

Ramos Ponce, por su parte, afirmó que la CEDHJ actualmente es una institución anquilosada que funciona sólo como gestora de quejas y no de un real acompañamiento a las víctimas. Señaló que ese organismo se debe restructurar en lo administrativo y en lo operativo, por lo que en caso de ser designada creará diez relatorías con las que se resuelvan los efectos graves en materia de garantías fundamentales que ha dejado la gestión por diez años al frente del organismo estatal de Jesús Álvarez Cibrián.