Caracas.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó ayer que activará el Consejo de Defensa de la Nación (Codena) ante la amenaza imperial que representa una posible imposición de sanciones económicas del gobierno de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. Horas antes, el ministro de Exteriores, Samuel Moncada, declaró que hará una revisión profunda de las relaciones con Washington.

He decidido activar el Consejo de Defensa de la Nación, de acuerdo con el artículo 323 de la Constitución, para responder integralmente a la amenaza imperial. La respuesta será muy firme, en defensa del patrimonio histórico anticolonial y antimperialista de nuestra patria. Unidos somos invencibles, escribió en un tuit.

A nuestra patria no le da órdenes ni la gobierna ningún gobierno extranjero, afirmó el mandatario un día después de que la Casa Blanca emitió un comunicado para respaldar la celebración de una consulta popular de la oposición, en la que participaron casi 7.6 millones de personas, de un total oficial de casi 20 millones, que se manifestaron en contra de la Asamblea Nacional Constituyente, impulsada por Maduro.

Estados Unidos no se quedará quieto viendo cómo Venezuela se desmorona, manifestó Trump en el comunicado. Si el régimen de Maduro impone su Asamblea Constituyente el 30 de julio, Estados Unidos adoptará acciones económicas fuertes y rápidas, subrayó.

Previamente, el ministro de Exteriores repudió en una declaración el insólito y errático comunicado de Trump. Advirtió que hará una revisión profunda de las relaciones con Washington.

Moncada consideró la postura estadunidense como una brutal amenaza y una violación al derecho internacional. Destacó que nada ni nadie detendrá el proceso constituyente. La Constituyente va. Hoy, el pueblo venezolano es libre y responderá unido a la insolente amenaza planteada por un imperio xenófobo y racista, afirmó.

Lamentó que la ruina moral de la oposición venezolana haya arrastrado a Trump a cometer una agresión abierta contra un país sudamericano, que se ha materializado con el comunicado lleno de tanta pobreza moral e intelectual. Para Moncada, esta última postura del presidente estadunidense aclara las cosas, al dejar en evidencia que es Washington el que está atrás de la conspiración contra Maduro.

Aseveró que, con sus amenazas, Estados Unidos cava un foso en sus relaciones con Venezuela –ambas naciones sin embajadores desde 2010–, y reiteró que por orden de Maduro hará una revisión profunda de los vínculos.

Recordó que desde hace casi dos años Washington ha venido sancionando de manera individual a altos funcionarios del gobierno venezolano, pero ahora incurre en la inaceptable amenaza de imponer sanciones económicas al país.

Estamos en otro nivel. Ya no está amenazando a individuos, sino al pueblo entero, con sanciones económicas generales y unilaterales, las cuales son totalmente ilegales. Eso es un abuso, una grosería, una violación total al derecho internacional, declaró.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, quien reaccionó a las amenazas de Trump, tildó de conspiración económica la advertencia de aplicar sanciones a Venezuela.

La conspiración económica de Trump es para una intervención y la dominación del pueblo de Venezuela. Su fin es apropiarse de su petróleo, expresó en un tuit. Las políticas del imperio son golpes de Estado, intervenciones militares, masacres y violación a derechos humanos, agregó.

Posibles sanciones

Altos funcionarios estadunidenses dijeron ayer, bajo la condición del anonimato, que Washington sopesa opciones para castigar a Venezuela, incluidas medidas contra las exportaciones petroleras y contra varios funcionarios. Entre los afectados estarían el vicepresidente del partido del gobierno, Diosdado Cabello, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino.

Trump ha impuesto prohibiciones de viaje y ha congelado los activos de altos funcionarios venezolanos, pero se ha abstenido de sanciones generales contra el país, las cuales podría profundizar la crisis económica.

Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela han sido tirantes desde 1999, cuando el fallecido Hugo Chávez asumió como presidente de la nación. Si bien en 2010 Venezuela retiró a su embajador en Washington, nunca ha llegado a romper relaciones comerciales con Estados Unidos, que se mantiene como el principal mercado para el crudo venezolano.

La nación sudamericana exporta en promedio 700 mil barriles diarios de crudo al mercado estadunidense, según estimaciones de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos, lo que representa cerca de la mitad de las ventas petroleras venezolanas al exterior.

El diputado y economista Ángel Alvarado dijo a Ap que de imponerse un embargo petrolero, implicaría para Venezuela la pérdida de 75 por ciento de los ingresos que recibe por exportaciones de crudo y productos a Estados Unidos, lo que equivale a dejar de percibir unos 11 mil millones de dólares anuales.

El diputado expresó que se desconoce hasta el momento el impacto que podrían tener las sanciones de Washington sobre la empresa petrolera Citgo, filial estadunidense que tiene la estatal Petróleos de Venezuela SA.

Aprueban proceso para elegir candidatos

En tanto, la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, aprobó el informe final para el proceso de selección de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Hoy se cumplió con uno de los pasos: el comité de postulaciones, que ya concluyó su trabajo, entregó la lista de los 99 magistrados que fueron preseleccionados. Le toca ahora en la sesión del viernes designar a 33 magistrados, 13 principales y 20 suplentes, señaló el diputado Jorge Millán.

La oposición pretende designar nuevos jueces del TSJ, con el argumento de que los 13 principales y 20 suplentes actuales, electos en diciembre de 2015 por la anterior asamblea, presidida por Diosdado Cabello, los nombró ilegalmente.

Los cuestionamientos a los magistrados actuales se intensificaron luego que la fiscal general, Luisa Ortega, manifestara que ella no firmó el acta de aprobación cuando fueron designados en 2015 por la asamblea, entonces de mayoría oficialista.

Por su parte, la Asamblea Constituyente, de ser aprobada, tendrá entre sus primeras tareas revisar el Ministerio Público y la posible remoción de la fiscal general.