as controversias en torno a la legislación de los servicios de atención a la salud han dominado gran parte del debate político en Estados Unidos desde que Barack Obama propuso su Affordable Care Act (Ley de Cuidado de Salud Asequible) mejor conocida como Obamacare.

Esa ley se promulgó en marzo de 2010 con una fuerte resistencia del Partido Republicano. Esa oposición se ha mantenido férrea hasta hoy. Fue un argumento esgrimido por los candidatos a la presidencia y parte clave de la oferta de gobierno que llevó a Donald Trump a la Casa Blanca.

Ahora que los republicanos controlan ambas cámaras en el Congreso han sido incapaces de proponer una alternativa viable a Obamacare. No hallan la manera de reducir la injerencia del gobierno en la prestación de los servicios de la salud, controlar los precios en ese mercado y ampliar las coberturas de los seguros de manera asequible para la gente.

La ley que se discute en el Senado no alcanza los votos necesarios para ser promulgada, pues los legisladores y los gobernadores de ese partido entienden el elevado costo político que eso entraña.

Una parte de este costo se asocia con las reducciones que se plantean al programa de Medicaid, el cual cubre a la población de mayor edad. Antes de que Obama dejara la presidencia y frente a la expectativa de lo que pasaría en el sector, más de 6 millones de ciudadanos se hicieron de seguros médicos bajo las premisas del Obamacare.

El objetivo de los republicanos es derogar la ley existente para sustituirla con reformas ligadas al mercado de la salud. La dificultad para conseguirlo y los efectos adversos que ha provocado la ley de Obama, han llevado en cambio que se enfilen a incrementar las primas de los seguros y empeorar las condiciones de las coberturas (sobre todo en materia de las condiciones prexistentes). Para mucha gente será más cara la salud y más difícil pagarla.

La Oficina de Presupuesto del Congreso ha calculado que la nueva ley, tal y como se propone, elevaría en alrededor de 23 millones el número de personas sin cobertura de seguro para 2026. Al mismo tiempo estas medidas liberarían más de 330 mil millones de dólares del presupuesto federal que servirían para cubrir la pérdida recursos públicos por la rebaja de los impuestos a los estratos más altos de ingresos. Todo esto es parte clave de la plataforma de gobierno de Trump. Es un caso ejemplar de redistribución del ingreso.

Esta forma de plantear el problema de la prestación pública de servicios de la salud se ha puesto al desnudo en un argumento esgrimido en la propuesta republicana y que sostiene que los ciudadanos deben comprometerse más en la obtención de dicha atención. Literalmente se dice que deben poner más de su piel en el juego.

Este es el punto nodal de la visión del paciente como cliente, es decir, como un ente racional que toma decisiones en el mercado. Lo que implica es que comprometan una mayor parte de su ingreso en las decisiones individuales con respecto a su salud. Así serán consumidores más inteligentes e, incluso, podrán disminuir mediante la competencia los costos de servicios.

Este tipo de argumento pone sobre la mesa muchas cuestiones de índole social y política. No es una fórmula novedosa, es una de las fibras del pensamiento conservador de tipo anglosajón.

No se trata sólo de la concepción misma de que un paciente, es decir, una persona enferma, consume servicios de salud de la misma manera que compra paquetes para ir de vacaciones. Se trata también de una idea de lo que es el Estado, el gobierno y, claro está, la vida en sociedad y la idea de que existen algunas obligaciones entre quienes las componen. Esto es lo que está en juego.

En aquel país, en 1935, Roosevelt firmó la Ley de la Seguridad Social y señaló que: La civilización de los 100 años anteriores, con sus sorprendentes cambios industriales, ha tendido cada vez más a hacer la vida insegura, y añadió que no se puede asegurar a todos contra todos los riesgos y vicisitudes de la vida, pero sí podemos legislar para dar una cierta medida de protección para el ciudadano promedio y su familia en contra de la pérdida del trabajo y de una vejez en la pobreza.

Nadie ha expuesto de modo más contundente en los años recientes una posición contraria como Margaret Thatcher. En 1996, en una conferencia en honor de Keith Joseph, dijo: “Pienso que vivimos en un periodo en el que a mucha gente se le ha hecho creer que cuando tienen un problema es el gobierno el que debe hacerle frente. Si tengo un problema, recibo una ayuda. Si pierdo mi casa, el gobierno debe darme una. Están lanzando el problema sobre la sociedad. Pero ustedes saben que no existe una cosa como la sociedad. Hay individuos… y familias. Ningún gobierno puede hacer nada excepto mediante la gente y la gente debe ver por sí misma primero… y luego por sus vecinos. La gente tiene demasiado presentes sus derechos, pero no sus obligaciones. No hay un derecho sin que alguien haya antes cumplido con una obligación.”

Los derechos sociales están en cuestionamiento en todas partes. No es un asunto fácil y conlleva graves contradicciones. El debate estadunidense tiene repercusiones relevantes no sólo para aquella sociedad.