Mérida, Yuc.

El caso de un menor de edad torturado por policías municipales en el municipio maya de Chemax, así como la agresión de agentes estatales contra habitantes de la comunidad de Chablekal, municipio de Mérida, figuran en el reciente informe de Amnistía Internacional Falsas sospechas: detenciones arbitrarias en México.

El equipo local de derechos humanos Indignación sostuvo que ambas detenciones mencionadas en el documento fueron arbitrarias e ilegales. En un comunicado, detalló que en febrero de 2016, en la comisaría de Xcan, municipio de Chemax, en la región oriente de Yucatán, un adolescente de 14 años que padece discapacidad auditiva fue detenido y torturado.

Los policías municipales de Chemax lo acusaron de actos vandálicos contra una patrulla y lo detuvieron arbitrariamente cuando salía de la escuela. Indignación incluyó en su relatoría la queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) y la denuncia penal correspondiente.

El 3 de mayo de 2016 se cometieron detenciones arbitrarias en la comisaría rural de Chablekal durante un intento por desalojar a un anciano de 95 años de edad de una vivienda donde habitó toda su vida.

Indignación relató que, de acuerdo con el informe de Amnistía Internacional, la policía estatal también incurrió en abusos al allanar la iglesia de Chablekal cuando vecinos intentaron tocar las campanas para alertar a la población sobre del desalojo.

La policía hizo uso excesivo de la fuerza e incluso allanó una casa y lanzó gases lacrimógenos en la vivienda donde la gente se refugiaba de los gases arrojados en las calles, y detuvo a los dueños de la casa que abrió sus puertas a la gente, afirmó el grupo de derechos humanos, dos de cuyos integrantes también fueron detenidos.

La Codhey emitió una recomendación por lo ocurrido en Chablekal, pero ambos casos continúan impunes, dijo Indignación.

El grupo sostuvo que Falsas sospechas: detenciones arbitrarias en México demuestra la manera en que la policía de todo México detiene arbitrariamente y en forma rutinaria a personas para extorsionarlas.

Añadió que el informe se basa, entre otras fuentes, en entrevistas confidenciales con agentes de policía y miembros del sistema de justiciam del estado.