Entre los temas pendientes que se acumulan en el Congreso está la elaboración de las leyes secundarias de la reforma constitucional en materia laboral, por la que se eliminan las juntas de Conciliación y Arbitraje (JCA) y se deja en el Poder Judicial la resolución de los conflictos obrero-patronales.

Este nuevo sistema de justicia debe entrar en vigor en febrero del próximo año, según se estableció en la Constitución, por lo que las leyes reglamentarias deben aprobarse en el próximo periodo de sesiones, que se inicia en septiembre, entre ellas el nuevo código federal de procedimientos laborales, señalaron los senadores Luis Humberto Fernández, del bloque PT-Morena, y Adriana Dávila, del PAN.

Coincidieron en que el tiempo apremia, ya pasaron cuatro meses de la promulgación de la reforma laboral –publicada el pasado 24 de febrero en el Diario Oficial de la Federación– en la que se dio un año de plazo al Congreso para la elaboración de las leyes secundarias y es necesario que diputados y senadores hagan su trabajo, pero también que el gobierno federal cumpla con la parte que le corresponde.

Estamos en riesgo de que pase algo muy parecido que con el sistema penal acusatorio, es decir, crear leyes sin el respaldo material adecuado, sin recursos, recalcó el senador Fernández. Explicó que el problema no es dar el paso de las juntas de conciliación a tribunales laborales, sino la posibilidad de hacerlo en una época de recortes presupuestales, de recursos tan apretados.

El problema, indicó, es que mientras el gobierno federal continué con el dispendio y la corrupción, va a ser muy difícil contar con recursos para echar a andar las nuevas leyes. Valdría la pena ver cuánto del 250 por ciento que se pagó de sobreprecio del Paso Exprés de la Autopista México Cuernavaca, habría servido para financiar el nuevo sistema laboral.

Insistió en que tanto la Cámara de Diputados como el Senado deben vigilar que se asignen los recursos financieros para que la ley pueda funcionar.

En entrevista, la senadora panista Adriana Dávila coincidió en que se debe debe cuidar el tema presupuestal, ya que la reforma contempló la creación de varias estructuras, entre ellas un Centro Federal de Conciliación, un organismo descentralizado responsable de tratar que empresa y sindicato o patrón y trabajador lleguen a un acuerdo antes de acudir a los tribunales, centros de conciliación en cada estado y un Registro de Asociaciones Sindicales a escala nacional.

Integrante de la Comisión de Trabajo del Senado, Dávila señaló que el legislativo debe pensar en cómo dar el presupuesto para que operen las nuevas estructuras, verificar que no se conviertan en burocráticas y avanzar en el marco jurídico.

Comentó que está muy molesta porque no se ha trabajado y lo más probable es que cuando esté por vencer el plazo, el PRI pretenda sacarlas vía fast track.