ace algún tiempo se instaló entre nosotros lo que generosamente podríamos llamar la razón liberal, que algún amigo italiano llamaría más bien la razón liberista, por su fe en la magia del mercado y la competencia. Así en la política como en la economía.

Lo cierto es que algo así como una agenda liberal, relativa a los derechos humanos, de género, de garantía al ejercicio de las libertades de expresión, información y comunicación, se ha desplegado en el país, aunque siempre de modo irregular y desigual en cuanto a los grupos sociales y regiones involucrados.

La razón social, que es histórica y actual, pasó a retiro en estos años. Pese a su enorme pertinencia, por los excesos del mercado y la aguda concentración de ingresos y riqueza, la noción misma de justicia social fue considerada de mal gusto por el discurso político dominante.

La razón social originaria emanada de la Revolución y la Constitución, convertida en compromiso estatal con la justicia social, sirvió también de pretexto para no cumplir con el mandato democrático liberal de la Constitución y darse a los peores excesos jurídicos y violaciones flagrantes de sus normas. Como ocurrió en los años 50 con los sindicalistas y sus líderes, Vallejo, Campa y más, y salvajemente con los estudiantes y profesores del movimiento de 1968.

Por largos y duros años, el discurso constitucionalista alimentó el reclamo democrático que en sus inicios simplemente exigía respeto a la Constitución y los derechos políticos por parte de los gobernantes. El desenlace lo empezamos a vivir en los 80 del siglo pasado y lo imaginamos consumado con las reformas políticas y electorales, las alternancias y la expansión del pluralismo político de fin del siglo y la primera década del actual.

Se suponía que con esa cauda de reformas y arreglos entre las élites, los partidos y las corporaciones, podríamos llegar pronto a algún estadio de normalidad democrática, como gustaba llamarla Mauricio Merino, pero no fue así. Con todo y las leyes e instituciones, organismos autónomos y tribunales especializados con que hoy contamos, lo que irrumpe al primer desencuentro es la desconfianza en esas instituciones, pluralmente concebidas para producir confianza en la política y el formato plural y liberal alcanzado. A la menor provocación, o frente a las atrocidades del crimen organizado y su combate, se propone como solución maestra, un tanto macabra en verdad, que el responsable fue el Estado. Un Estado supuestamente reconformado por el pluralismo, la libertad ciudadana y la democracia.

Esta infausta consigna es voceada y multiplicada por organizaciones sociales y civiles, iglesias y dignatarios, prohombres y candidatos a protectores de la democracia para así complicar el intrincado escenario de la disputa por el poder y ensombrecer la perspectiva del sistema político construido por las reformas. Así, la política sucesoria es vista de nuevo, como en el pasado autoritario, como coyuntura decisiva para el destino, permanencia o cambio del presidencialismo como régimen político. Un régimen, no lo olvidemos, al que todos los detentadores, aspirantes y opositores al poder se sometieron o aceptaron desde que empezó a hacer crisis en 1988.

El actual galimatías conceptual y político es una clara continuación de las supercherías sobre el partido de Estado que algunos ocurrentes, en grosera imitación extralógica, importaron de las crisis soviéticas. Esto se hizo al calor de las tropelías del 88, que ahora se reviven como farsa, pero pronto se olvidó gracias al voto útil de 2000 y la ilusión foxiana.

Lo cierto es que no contamos con un buen mapa para transitar la coyuntura sucesoria, pero todos o casi todos intuimos que puede ser muy grave para la democracia y gravoso para la sociedad. De aquí lo corrosivo de la actual fiebre antisistémica, alimentada desde la sociedad civil y muchos de sus animadores, sin ofrecer a cambio un manejable plan de reforma del Estado, que es lo que en verdad está de nuevo en juego. Una vez que reconozcamos cómo perdimos tiempo y recursos en una transición votada que no nos llevó a ninguna parte sino a caminar en círculos y dar vueltas sin fin a la noria agotada de las reformas electorales al gusto. Tal vez sea por esta fijación que se haya escogido al Instituto Nacional Electoral (INE) como el chivo expiatorio de nuestros agrios descontentos.

Traer a valor presente aquello del peligro para México y asestárselo al INE, es repetir la infamia acuñada por un asesor importado de Felipe Calderón para desacreditar a Andrés Manuel López Obrador en la campaña de 2006. Quienes la pregonan abusan de la desmemoria e incurren en una operación infausta de desacreditación artera de una institución clave para la estabilidad de una política horadada y a punto del colapso. Con todo y el fatídico diseño del organismo, responsabilidad de los partidos y sus legisladores y no de sus funcionarios y consejeros, se trata de un pilar clave para siquiera imaginar que llegaremos a puerto de refugio después de junio del año entrante.

Cuidar las instituciones y organizar la ciudadanía (al pueblo), recomendaba Lázaro Cárdenas. Éstas son, hoy, condiciones sin las cuales no hay futuro democrático.

Quizás sea este también el momento para no sólo defender la mencionada razón liberal sino para reivindicar el valor central que tiene la justicia social, la otra piedra miliar de nuestra historia. Podríamos descubrir que una y otra se suponen y que, al combinarse, pueden enriquecer nuestra razón democrática.