l socavón que el pasado miércoles se abrió en el llamado Paso Exprés de la autopista México-Cuernavaca, que costó la vida a dos personas, continúa desatando interrogantes, algunos ligados con el incidente en sí y otros extensivos a los mecanismos de control utilizados por el gobierno federal –a través de distintas secretarías– a la hora de licitar y adjudicar la construcción de obra pública.

El hecho de que el tramo vial donde ocurrió el percance fuera inaugurado apenas tres meses antes por el propio titular del Ejecutivo –quien en esa ocasión destacó el carácter delicado y complejo de los trabajos– acentuó las críticas que de inmediato se desataron en torno a la obra, que costó más de 2 mil 200 millones de pesos, y a la responsabilidad que tendría la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en el lamentable episodio. Menos de 10 horas después de acontecido éste empezaron a trascender informaciones según las cuales diferentes instancias –la Comisión Nacional del Agua, Protección Civil de Cuernavaca, el ayuntamiento morelense de Chipitlán y hasta usuarios de las redes– habían alertado oportunamente acerca del riesgo que para el tránsito automotor entrañaba el Paso Exprés, bajo el cual cruzan tuberías de alcantarillado y drenaje cuyas filtraciones habrían favorecido el accidente.

Comprensiblemente, las protestas ciudadanas apuntaron a la SCT, dependencia encargada de promover a escala nacional sistemas de transporte seguros, eficientes y competitivos, y que debe tomar las providencias de protección y seguridad necesarias para el desarrollo y la puesta en marcha de las obras que impulsa. Por lo pronto, ni Construcciones Aldesem ni la compañía Epccor (ambas con participación activa en las obras del colapsado Paso Exprés) parecen haber sido rigurosamente evaluadas por los encargados de examinar los documentos exigidos durante el proceso de adjudicación de los trabajos en la México-Cuernavaca: fue más que nada su propuesta económica (una de las más baratas) la que inclinó el fiel de la balanza en su favor para ganar el contrato respectivo.

Y este elemento –la falta de consistencia técnica y su correlato, la discutible confiabilidad– lleva a incluir también en el área de la responsabilidad a las empresas constructoras, en este caso del tramo carretero donde se abrió el socavón, pero también a las que tienen a su cargo la construcción de otras obras públicas en diferentes estados de la República. No es una cuestión menor, porque varias de ellas, incluido el propio Corporativo Aldesa, tienen un crecido número de contratos (de hecho en 2016, por ejemplo, Aldesa ganó la licitación para construir la torre de control del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México).

Es indiscutible que a la máxima autoridad en materia de obra pública corresponde extremar las medidas de evaluación y control sobre las empresas que acuden a sus convocatorias, porque en definitiva a su arbitrio quedará la elección de aquellas que desarrollarán los trabajos; pero ello no exime de obligaciones a las constructoras privadas, que deben responder a las licitaciones con la seguridad de estar a la altura del compromiso social que en cada caso asumen y no poniendo el acento única y exclusivamente en sus expectativas de lucro, por razonables que éstas sean.