Washington.

El gobierno de Donald Trump apeló este sábado ante la Suprema Corte de Justicia contra el fallo de un juez federal de Hawai que exime a abuelos y otros familiares de residentes en Estados Unidos del decreto migratorio que les prohíbe ingresar al país.

El fiscal general, Jeff Sessions, criticó la decisión del tribunal federal de Hawai por debilitar el decreto del gobierno de Trump que impide viajar a Estados Unidos a ciudadanos de seis naciones mayoritariamente musulmanas.

Sessions dijo que el juez federal Derrick Watson socavó la seguridad nacional e interfirió indebidamente en los poderes presidenciales cuando emitió su fallo para ampliar la definición de relaciones familiares cercanas.

Watson argumentó el viernes que la definición del gobierno de familia cercana es demasiado estrecha, e indicó que el sentido común, así como la costumbre estadunidense, dicta que abuelos, nietos, tíos, sobrinos y primos deben ser incluidos en las excepciones.

Tras una batalla legal de cinco meses sobre el decreto migratorio original, que prohíbe el ingreso a territorio estadunidense por 90 días de ciudadanos de Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen, la Corte Suprema apoyó parcialmente la apelación del gobierno y permitió a Trump proceder con ella.

Entonces, el gobierno implementó la prohibición limitando las excepciones a padres, cónyuges, hijos, yernos, nueras, hermanos y medios hermanos de personas que residen en Estados Unidos.

En tanto, el diario The Washington Post reveló que la administración de Trump considera dar poderes al Departamento de Seguridad Interna (DHS) para deportar de manera expedita a migrantes detenidos en cualquier lugar del país que no hayan estado de manera continua más de 90 días.

La medida permitirá mejorar las seguridades nacional y pública. Además, aliviar los cuellos de botella en las cortes migratorias del país que han provocado retrasos de audiencias por más de dos años.

Desde 2004 las deportaciones expeditas se aplican únicamente a aquellos indocumentados detenidos dentro de una franja de 160 kilómetros a lo largo de la frontera y a quienes no puedan comprobar haber estado de manera continúa en el país por 14 días.

El diario indicó que, de implementarse, el cambio significaría una dramática expansión de los poderes del DHS para acelerar las deportaciones de algunos migrantes indocumentados sin mediación de las cortes en la materia.

En otro tema, el gobierno federal trató de convencer a gobernadores escépticos de todo Estados Unidos de las presuntas bondades de su proyecto de reforma a la ley de salud, actualmente en manos del Senado.

El secretario de Salud, Tom Price, y la administración de los centros de servicios de Medicare y Medicaid, Seema Verna, hicieron su presentación, durante una reunión a puerta cerrada de la Asociación Nacional de Gobernadores, ante mandatarios de ambos partidos.