Sao Paulo.

El ex presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva reiteró este sábado que no hay pruebas que justifiquen su condena a nueve años y medio cárcel por corrupción, y afirmó que es el pueblo quien debe juzgarlo, mientras su defensa entregó a la justicia federal de Curitiba la primera respuesta formal contra la sentencia, en la que solicitó esclarecer omisiones, contradicciones y oscuridades prevalecientes en el proceso.

Mientras (los jueces y fiscales) no prueben nada contra mí, voy a recorrer este país para que ustedes me juzguen, dijo Lula durante un acto del Partido de los Trabajadores (PT) en esta ciudad. Me están juzgando políticamente, reiteró.

Están juzgando nuestro gobierno, las cosas que hicimos en este país, añadió el ex dirigente sindical, quien enfrentó a la dictadura militar (1964-1985) y colocó a Brasil en el mapa mundial al lograr sacar a 30 millones de la pobreza.

Este es su segundo discurso público desde que el miércoles pasado el juez Sergio Moro lo condenó a nueve años y medio de cárcel por corrupción y lavado de dinero. Además, lo inhabilitó para ocupar cualquier cargo público por 19 años.

La acusación afirma que es el propietario de un apartamento tríplex en el balneario de Guarujá, Sao Paulo, ofrecido por la constructora OAS a cambio de favorecer a la constructora en sus negocios con la petrolera estatal Petrobras. El inmueble, sin embargo, no llegó a estar a su nombre.

El viernes por la noche la defensa de Lula entregó la primera respuesta formal contra la condena. En un documento interpuesto ante la justicia federal de Curitiba, capital del estado de Paraná, presentó 10 cuestionamientos al juez Moro.

En el documento, la defensa cuestiona, entre otros cosas, la imparcialidad de Moro. Sostiene que ignoró pruebas y testimonios favorables al ex presidente, y que la pena es desproporcionada.

Los pedidos de la defensa de Lula tendrán que ser analizados por el juez, y después de que éste responda los cuestionamientos, los abogados del ex mandatario apelarán ante un tribunal de segunda instancia.

El ex presidente (2003-2010), quien enfrenta otras cuatro causas penales, puede apelar de la sentencia en libertad. Lula la atribuye a una estrategia para sacarlo del mapa electoral.

Condenarlo a prisión y dejarlo fuera de la contienda electoral respondería, según él, a una estrategia más amplia para destruir al PT, que en 2016 cerró un ciclo de 13 años de gobierno cuando su sucesora, la ex presidenta Dilma Rousseff, fue destituida por el Congreso, acusada de manipular las cuentas públicas y remplazada por el conservador Michel Temer.