Trabajo infantil agrícola
y las políticas de erradicación

Isabel Margarita Nemecio Nemesio* Consultora independiente sobre migración interna jornalera y colabora con el Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública AC (CECIG); secretaria técnica de la Mesa Social contra la Explotación de Niñas, Niños y Adolescentes, y coordinadora de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas

FOTOS: Isabel Margarita Nemecio

En México, en fincas y ranchos dedicados a la siembra de maíz, caña y otros cultivos era común ver a niñas y niños trabajando. Considerados mano de obra barata, percibían un magro “salario” y gozaban de las mismas condiciones laborales precarias e indignas de sus padres. Una realidad común, cotidiana, visible e invisible del México rural.

Pero esta realidad tuvo un giro el 6 de enero de 2007, cuando en un campo de jitomate, pepino y otras hortalizas, propiedad de Agrícola Paredes (Sinaloa), se encontraban trabajando desde temprano familias nahuas originarias de una comunidad de la región de la Montaña, Guerrero. Allí estaba el niño David Salgado, que acababa de cumplir ocho años en diciembre de 2006. Ese día en la mañana David recolectaba jitomate y llevaba su bote a la batanga donde iba a vaciar el producto, se tropezó con una cuerda (una guía para enredar las matas de jitomate) y cayó a unos pasos de la unidad. El tractor que trasladaba la batanga se movió hacia atrás y atropelló al pequeño.

A partir de la muerte de David las autoridades en México tuvieron que reconocer y aceptar que en los campos agrícolas de Sinaloa y de otras entidades se contrataba mano de obra infantil, que laboraba en condiciones de esclavitud. Ese año, el gobierno federal, con la intervención de autoridades estatales y municipales de Sinaloa, comenzó a diseñar y operar acciones para “erradicar” la mano de obra de las niñas y niños jornaleros de los campos agrícolas.

En el sexenio de Felipe Calderón se avanzó en la armonización legislativa para fortalecer acciones de prevención y erradicación del trabajo infantil agrícola. Y en el actual de Enrique Peña Nieto se ha continuado con el diseño de estrategias. En junio de 2013 se conformó la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México. En junio de 2014, se publicó la reforma a la Fracción III, apartado A, del artículo 123 de la Constitución para elevar la edad mínima de ingreso al trabajo; pasó de 14 a 15 años.

En abril de 2015 el Senado de la República avaló la ratificación del Convenio 138 (edad mínima de admisión al empleo) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); en junio de ese año México ratificó en Ginebra, Suiza, el Convenio 138, el cual eleva de 14 a 15 años la edad mínima para trabajar. El 12 junio de 2015, se publicó la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) en donde se tipifica a la actividad agrícola como peligrosa y se prohíbe la utilización de menores de 18 años, modificando el artículo 995 Bis de dicha ley, y estableciendo prisión de uno a cuatro años, y una multa de 250 a cinco mil veces el salario mínimo general, para aquellas personas que contraten a niñas y niños para las actividades de recolecta y cosecha en los campos agrícolas. Por su parte, el artículo 175 establece la prohibición de la utilización del trabajo de los menores de 18 años.

De esta manera, en México se ha venido perfilando un discurso de responsabilidad social empresarial y de erradicación del trabajo infantil agrícola, así como la entrega de distintivos agrícolas para aquellas empresas que han dejado de contratar mano de obra infantil y adolescente. Y ello se ha fortalecido desde agosto de 2013, cuando en Boca del Río, Veracruz, se reunieron los cuerpos de inspección del trabajo de todo el país (hubo 90 participantes), quienes discutieron y validaron el nuevo Protocolo de la Inspección Laboral para Detectar y Atender el Trabajo Infantil en México, que fue desarrollado con la asistencia técnica del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de la OIT. En este sentido, el Módulo de Trabajo Infantil de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo ha señalado en sus datos que en el sector agropecuario se ha reducido el trabajo infantil agrícola, al pasar de tres millones 832 mil diez niñas y niños en 2007 a 319 mil 45 en 2015.

La política mexicana en materia de erradicación del trabajo infantil se centró en la prevención, detección y erradicación de la mano de obra de niñas y niños, así como en el fortalecimiento de los mecanismos de protección en el caso del trabajo de las y los adolescentes en edad permitida, destacando de esta manera que de 2007 a la fecha se han entregado los distintivos a 392 centros agrícolas en 22 estados, en donde las empresas agrícolas han tenido que implementar políticas de cuidado y de protección infantil en los centros de trabajo, y en la promoción de bienestar, educación, salud e identidad cultural. Los estados son Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas.

La realidad de las políticas de erradicación del trabajo infantil

Sin embargo, frente a estas políticas y las acciones que se han desplegado a nivel nacional, de 2007 a la fecha, las familias indígenas o no indígenas jornaleras también han tenido que implementar diversas formas para hacer frente –en sus lugares de origen o de reclutamiento de mano de obra jornalera– a ciertos mecanismos tradicionales que se han ido agudizando y que no han perdido el carácter informal de las formas de contratación, que carecen de cualquier regulación y que exponen y vulneran las condiciones y los derechos laborales de las y los jornaleros agrícolas y sus familias en nuestro país.

Por un lado, las familias jornaleras dependen de los acuerdos que se pactan de manera verbal (modalidades de contratos de trabajo informal) y que establecen o imponen las condiciones de trabajo y de vida en los campos agrícolas por medio de intermediarios o contratistas. Esto en el caso de las empresas trasnacionales del norte o noroeste de México, ya que hay zonas agrícolas donde los acuerdos se pactan de la misma manera pero por la vía de algún representante de confianza para las familias jornaleras, que es de la misma comunidad de origen y es el único enlace que tienen con la persona que les garantiza su fuente de trabajo.

Asimismo, se han ido creando nuevos establecimientos en los lugares de origen que operan como “casetas”, donde las familias jornaleras pueden adquirir sus boletos de autobús con la garantía de que serán conducidos a diferentes rutas donde se requiere mano de obra jornalera, de acuerdo con los ciclos de cultivo de cada estado. Estos centros de “reclutamiento” no cuentan con supervisión o algún tipo de inspección que garantice una contratación en condiciones seguras; por el contrario, en ocasiones son controlados por personas vinculadas a grupos delictivos que fiscalizan las zonas, y que han visto en esta actividad una nueva forma de lucrar con la mano de obra de cientos de mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes que buscan emplearse como jornaleros agrícolas.

Por otro lado, se ha invertido muy poco o casi nada para la construcción, rehabilitación o remodelación de las Unidades de Servicios Integrales (USI), dependientes de la Secretaría de Desarrollo Social, que son espacios integrales para la recepción de las familias jornaleras antes de su partida a los diferentes campos agrícolas donde se emplean. Estos espacios son significativos para las y los jornaleros agrícolas, no sólo por representar un espacio seguro cuando se desplazan de sus comunidades de origen a los centros de trabajo, sino porque figuran otras de las acciones que el gobierno federal ha implementado para dignificar su estancia, sobre todo de las niñas, niños y adolescentes. Actualmente no funcionan en su totalidad, se han descuidado y carecen de personal, debido a las modificaciones y los recortes que ha sufrido en su presupuesto y reglas de operación el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA).

Estos escenarios se agudizan en sus comunidades ante la falta de infraestructura de todo tipo de servicios, entre ellos, escuelas, bibliotecas y centros de salud, o las limitaciones de acceso al agua potable, luz eléctrica, etcétera, que dificultan o restringen que las niñas, niños y adolescentes efectivamente gocen y tengan “acceso” a sus derechos básicos, fundamentales para su desarrollo. Cubrir estas deficiencias está pendiente en las promesas hechas por las autoridades gubernamentales, como parte de las acciones de erradicación del trabajo infantil agrícola.

Frente a la falta de operatividad de los programas sociales y de alternativas integrales en los lugares de origen de las familias jornaleras, la realidad de las niñas, niños y adolescentes decae aún más por carencias en aspectos tan sensibles como el acceso a la alimentación.

En México, según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), seis de cada diez hogares cuentan con presencia de población de cero a 17 años de edad; del total de hogares con esta población, 66 por ciento tiene seguridad alimentaria. En el resto, 34 por ciento, hay al menos un niño o niña con algún grado de inseguridad alimentaria; es decir que por falta de dinero ese niño o niña come poco, menos de lo que debería, e incluso aunque tenga hambre no come.

Estos datos van de la mano con las cifras que presentó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en su informe anual de 2016, donde señala que en nuestro país un tercio de la población –unos 40 millones de personas-, son niñas, niñas y adolescentes, de los cuales 21 millones (54 por ciento) viven en condiciones de pobreza y 1.5 millones sufren desnutrición crónica; y que más de cuatro millones de niños, niñas y adolescentes están fuera de la escuela y más de 600 mil podrían dejarla si no se crean estrategias para evitarlo.

Guerrero, Chihuahua, Querétaro, Michoacán, Aguascalientes, Durango, Coahuila, Baja California, Chiapas y Estado de México conforman la lista de diez entidades con mayor número de niños, niñas y adolescentes trabajadores que no asisten a la escuela. Esto debido a que las opciones locales de empleo y de estrategias integrales son nulas o escasas. Por ello las familias junto con sus hijas e hijos recurren a diversas alternativas o estrategias de sobrevivencia, entre ellas la migración vía la contratación de su mano de obra en condiciones informales.

Si bien de 2007 a la fecha se cuenta con cifras de la cantidad de niñas, niños y adolescentes que se han “sacado” de las actividades agrícolas, así como el número de los centros de trabajo que han implementado políticas de cuidado y protección infantil, no hay cifras del conjunto de niñas, niños y adolescentes jornaleros que efectivamente han tenido acceso en sus lugares de origen y gozan de su derecho a la recreación, esparcimiento, a la educación, alimentación, a la salud –sólo por mencionar algunos derechos fundamentales que describe la Convención de los Derechos del Niño.

No existen fuentes oficiales que indiquen el impacto que han tenido las políticas de erradicación y cómo éstas se han traducido en alternativas integrales para esta población en sus comunidades de origen. Tampoco se cuenta con documentos que precisen los mecanismos de evaluación que nos revelen los recursos económicos que se han destinado para la conformación o ampliación de estrategias para que la población infantil y adolescente de las zonas rurales no migren junto con sus padres a los campos agrícolas.

En las zonas agrícolas (estados receptores), donde acuden las familias jornaleras a trabajar, hay también carencia de servicios educativos, seguridad social, acceso a la salud, vivienda digna, alimentación y falta de acceso al registro civil, por mencionar algunos rubros. A pesar de que se han orientado acciones de gobierno para prevenir y evitar que niñas, niños y adolescentes trabajen en las actividades agrícolas que ponen en riesgo su integridad, y así evitar que se repita la historia del niño David Salgado, lo cierto es que en los campos agrícolas que no están supervisados o que son parte de prácticas derivadas de la corrupción en materia de inspección, siguen trabajando o realizando actividades laborales como complemento del salario que perciben sus padres.

Además, organizaciones de la sociedad civil han dado cuenta de situaciones en donde menores de 18 años han perdido la vida en diferentes circunstancias en los campos agrícolas desde 2007.

Esa información muestra la persistencia del trabajo infantil agrícola, pero también la carencia de estancias infantiles, albergues y escuelas en los campos agrícolas, como espacios donde pueda permanecer la población infantil y adolescente jornalera mientras sus padres laboran. Por ello, a pesar de las normas que existen en materia laboral orientadas a la erradicación del trabajo infantil agrícola, la flexibilidad del mercado de trabajo rural, así como la falta de mecanismos eficientes en materia de inspección laboral y de alternativas integrales para las niñas, niños y adolescentes jornaleros, han propiciado que en algunas zonas agrícolas se siga incorporando a la población infantil a las redes del trabajo asalariado.

La migración jornalera interna en nuestro país ya no sólo mantiene los ciclos tradicionales, empatados con los ciclos agrícolas. Actualmente, los cambios en la dinámica agrícola que se han ido delineando en algunos estados permiten que esta migración sea permanente, definiendo así una diversidad de rutas y ciclos donde la movilidad es aún más compleja. Así, se vulneran por completo los derechos de las familias jornaleras, al emplearse en lugares que carecen de cualquier regulación laboral; la situación está permeada de mecanismos invisibles y solapados de corrupción entre las autoridades, que permiten la contratación de la mano de obra de adultos, niñas, niños y adolescentes en condiciones indignas e inseguras, debido a que muchos de estos campos están situados en zonas o perímetros dominados y controlados por el crimen organizado.

Conclusión. La presencia de niñas, niños y adolescentes jornaleros se ve y valora como algo fundamental, porque está relacionada con las estrategias productivas y de administración laboral de los empleadores, que han hecho uso extensivo de esta mano de obra para el mercado rural.

Si bien en años recientes la problemática del trabajo infantil ha cobrado visibilidad pública, las políticas públicas impulsadas en este renglón parecen concebir que el problema se resuelve prohibiendo el ingreso de las niñas, niños y los adolescentes a los campos.

Se soslaya el hecho de que en la medida en que el salario de los padres de esos menores siga sin ser remunerador; en la medida en que no se mejoren las condiciones laborales y de vida de sus padres, y en la medida en que no se amplíe la red de estancias infantiles, escuelas y albergues, dicha prohibición es insuficiente. Sólo traslada el trabajo infantil a los campos que están en la informalidad, y expone a las familias indígenas jornaleras a recurrir a otro tipo de mecanismos para duplicar o garantizar sus ingresos, lo que agudiza sus condiciones de subsistencia, no sólo en su lugar de origen, sino en los de destino.

La situación contribuye a que dichas familias, junto con sus hijos e hijas, migren a estados y zonas agrícolas más lejanas a las rutas tradicionales, donde antes no migraban, y acepten laborar en condiciones indignas, de severa explotación y esclavitud, o bien que prolonguen sus periodos de migración, lo que genera un desarraigo de sus comunidades, o finalmente se ve como un factor que incentiva cada vez más la migración a Estados Unidos.

*Socióloga por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y Maestra en Desarrollo Rural por esta misma casa de estudios. Es especialista en el tema de la migración interna indígena en México y su relación con los mercados agroexportadores, así como en las repercusiones e implicaciones que el fenómeno tiene en las violaciones a los derechos humanos de la población migrante interna.

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